El Congreso otorga facultades al Ejecutivo para legislar en seguridad, economía y fortalecimiento institucional

En un contexto marcado por el avance de la criminalidad organizada, la desaceleración económica y las limitaciones estructurales del Estado para ejecutar políticas públicas con mayor rapidez, el Congreso de la República promulgó la Ley N.º 32527, mediante la cual delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de sesenta días calendario en tres ejes considerados estratégicos: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

La norma habilita al Ejecutivo a emitir decretos legislativos dentro de un marco constitucional definido, manteniendo la supervisión del Congreso y del Sistema Nacional de Control, y establece obligaciones de reporte sectorial sobre el avance de las medidas que se adopten.

Un marco excepcional para responder a la crisis de seguridad

El primer bloque de facultades delegadas se concentra en el fortalecimiento del marco penal, procesal y penitenciario para enfrentar la criminalidad organizada, la extorsión, el sicariato y delitos conexos. Entre las medidas previstas se incluye la tipificación de nuevas conductas delictivas, el endurecimiento de penas, la restricción de beneficios penitenciarios para delitos graves y la creación de un Subsistema Especializado contra la Extorsión.

Desde una perspectiva institucional, la ley apunta a reforzar el principio de autoridad, dotar de mayores herramientas a la Policía Nacional y al Ministerio Público, y cerrar brechas normativas que han permitido el uso indebido de figuras como el refugio o la apatridia. Asimismo, se autoriza la creación de nuevas superintendencias vinculadas a la defensa pública y al sistema de internamiento y resocialización, con el objetivo de ordenar competencias y mejorar la gestión del sistema penitenciario.

El componente económico: recaudar mejor sin subir impuestos

El segundo eje de la delegación está orientado al crecimiento económico responsable, con énfasis en medidas tributarias, aduaneras y de promoción de la inversión que buscan ampliar la base tributaria, cerrar vacíos legales y mejorar la eficiencia del Estado, sin crear nuevos impuestos ni afectar el régimen de las micro y pequeñas empresas.

En este ámbito, se autoriza al Ejecutivo a modificar normas clave del sistema tributario, como el régimen de detracciones, la Ley Penal Tributaria y la normativa aduanera, para enfrentar nuevas modalidades de evasión, subvaluación de importaciones y fraude digital. También se contemplan ajustes en las percepciones del IGV, controles más eficaces en el comercio electrónico y procedimientos especiales para detectar riesgos de fraude en importaciones.

Estas medidas fueron adelantadas por la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, durante su exposición en el Seminario Anual del CIES, donde subrayó que el objetivo central del paquete es asegurar que cada sol recaudado se traduzca en servicios públicos efectivos y en mayor capacidad del Estado para financiar seguridad ciudadana.

Detracciones, multas e intereses como herramientas de disciplina fiscal

Uno de los puntos más relevantes del paquete económico es la corrección de distorsiones en el uso del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias. El Ejecutivo plantea equiparar las reglas entre grandes empresas y mypes, permitiendo que la SUNAT pueda utilizar los fondos de detracciones de grandes contribuyentes para compensar deudas exigibles, corrigiendo una asimetría histórica del sistema.

Asimismo, se autoriza la actualización de las tasas de interés aplicables a multas y deudas tributarias, que actualmente resultan tan bajas que incentivan el incumplimiento. El enfoque, según el MEF, no es punitivo, sino orientado a fomentar el pago oportuno y el cumplimiento voluntario.

Infraestructura, APP y destrabe de proyectos estratégicos

La ley también habilita reformas orientadas a acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura, especialmente mediante la simplificación de procesos de adquisición y liberación de terrenos, así como el fortalecimiento del marco de las Asociaciones Público-Privadas.

El Ejecutivo podrá precisar competencias dentro del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, reduciendo superposiciones entre entidades como el MEF, ProInversión y la Contraloría, con el objetivo de acortar plazos y dar mayor previsibilidad a los inversionistas. Además, se establecen regímenes especiales para proyectos de infraestructura hidráulica y riego, vinculados a la seguridad alimentaria y al déficit hídrico.

Fortalecimiento institucional y modernización del Estado

El tercer eje de la delegación apunta a modernizar la estructura del Estado y mejorar su capacidad de respuesta. Las facultades incluyen reformas al sistema de planeamiento estratégico, a la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación, al sistema de focalización social y a la modernización de la gestión pública.

Se incorporan también medidas para reforzar la ejecutoriedad de las sanciones de organismos reguladores como OSIPTEL, promover la innovación pública y fortalecer la interoperabilidad de sistemas, especialmente en ámbitos sensibles como migraciones, telecomunicaciones y acceso al sistema financiero.

Supervisión, límites y rendición de cuentas

La ley establece salvaguardas institucionales claras. Las medidas que emita el Ejecutivo no pueden afectar derechos fundamentales, competencias de otros poderes del Estado ni procesos judiciales en trámite. Además, cada sector deberá informar al Congreso, dentro del plazo de sesenta días, sobre el estado de implementación de los decretos legislativos que se aprueben.

Desde el Ejecutivo, el mensaje ha sido que estas facultades buscan acelerar decisiones que, bajo el esquema ordinario, tomarían años. Como señaló la ministra Miralles, el país no está en un momento de replanteamientos teóricos, sino de ejecutar reformas concretas que permitan dar un salto en seguridad, recaudación y calidad del gasto público.