Produce advierte riesgo en sostenibilidad de la anchoveta por medida del Poder Judicial

15:11 26 Junio, 2014

El Ministerio de la Producción (Produce) lamentó que, en una sorpresiva decisión, un Juez Mixto de la provincia de Sechura en Piura haya dictado una medida cautelar arbitraria que pretende desconocer la competencia exclusiva que tiene el Produce en cuanto al ordenamiento pesquero, al autorizar -sin ninguna evidencia científica- que 124  embarcaciones pesqueras denominadas “vikingas” ingresen a extraer anchoveta a partir de las 5 millas y, no a partir de las diez millas de la línea costera, como se ha venido realizando.

“Con esta medida -que no se ampara en ninguna evidencia científica-, se pondría en riesgo la sostenibilidad del recurso anchoveta, la preservación del ecosistema marino, lo que a su vez pone en peligro la alimentación popular al permitir la pesca indiscriminada de anchoveta, que es el alimento principal de varias especies marinas”, dijo Carmen Abregú, directora de Consumo Humano Indirecto del Ministerio de la Producción.

“El juzgado ha dictado esta indebida y sorpresiva medida cautelar en abierta violación de lo dispuesto por el art 9 de La Ley General de Pesca, que exige la evidencia científica para tomar medidas relacionadas al ordenamiento pesquero”, enfatizó.

La demanda fue presentada -dentro de un proceso de amparo- por el Comité Multisectorial de Defensa del Sector Pesquero de la Bahía de Sechura, alegando la violación del derecho a la libre empresa y a la libertad de trabajo. La demanda fue presentada ante el Juez Pedro Manuel Castro Chayguaque y busca que la principal norma del ordenamiento pesquero, el D.S. 011-2013-PRODUCE, sea declarada inconstitucional.

La funcionaria sostuvo que el Ministerio de la Producción planteará, en lo inmediato, todas las medidas de defensa necesarias para impedir la afectación del recurso y anunció que se denunciará al Juez respectivo por presunto delito de prevaricato.

Produce es respetuoso de las decisiones del Poder Judicial y por ello planteará los recursos correspondientes y, a su vez, seguirá supervisando y se dictarán las medidas necesarias en el marco de sus competencias legales y constitucionales. “Debemos evitar que se afecten los intereses públicos y que se perjudique a la población”, puntualizó.

“Llama la atención que la demanda haya sido presentada en un lejano juzgado de Sechura y se pretenda que la decisión se aplique a nivel nacional”, finalizó la funcionaria.

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