El Gobierno proyecta que la inversión privada crecerá 4,4% en promedio hasta el 2031

El Gobierno publicó su Informe Preelectoral 2021–2026, un documento que presenta el balance de las políticas implementadas durante el actual periodo de gestión y expone las proyecciones económicas, fiscales y sociales del país para los próximos años, en un contexto de transición hacia un nuevo ciclo político. El informe, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, pone especial énfasis en el comportamiento esperado de la inversión privada, el crecimiento económico hasta el 2031 y los principales retos estructurales que deberán ser abordados por la siguiente administración para sostener un crecimiento inclusivo y fiscalmente responsable.

Recuperación económica y balance social del periodo 2021-2025

Según el informe, la acción del Estado entre 2021 y 2025 estuvo orientada principalmente a la recuperación económica y social tras los impactos de la pandemia y de un contexto internacional adverso. En este periodo, el Gobierno priorizó el impulso de la inversión pública y privada, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y el cierre progresivo de brechas en infraestructura y acceso a servicios básicos.

Un eje central de esta estrategia fue la modernización del marco normativo e institucional que regula la inversión, con avances significativos en la reforma de las Asociaciones Público-Privadas y los Proyectos en Activos. Estas medidas buscaron reducir la incertidumbre regulatoria, fortalecer el rol de Proinversión y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos, contribuyendo a dinamizar la inversión en infraestructura económica y social. De manera complementaria, se avanzó en el diseño del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030, incorporando un enfoque territorial y priorizando iniciativas de mayor impacto económico y social.

En paralelo, el Gobierno impulsó reformas orientadas a mejorar la productividad y el clima de negocios, mediante la simplificación administrativa y la mejora de la calidad regulatoria. Estas acciones permitieron reducir costos para empresas y ciudadanos, mejorar la eficiencia del aparato público y generar condiciones más favorables para la inversión privada en todo el país.

En el ámbito social, el fortalecimiento del gasto público y una mejor focalización de los programas sociales permitieron sostener la provisión de servicios esenciales, en particular en educación, salud y protección social. La recuperación del empleo y de los ingresos de los hogares contribuyó a una reducción gradual de la pobreza monetaria hacia 2024, aunque el propio informe reconoce que persisten vulnerabilidades importantes, especialmente en pobreza extrema, calidad educativa y salud preventiva.

Proyecciones macroeconómicas hacia el 2031

El informe proyecta que, en el periodo 2026-2031, la economía mundial crecería en promedio 3,1%, en un contexto de menor inflación, flexibilización progresiva de las condiciones financieras y una gradual reducción de las tensiones geopolíticas. No obstante, advierte que factores estructurales como el envejecimiento poblacional, la baja productividad y el menor espacio fiscal podrían limitar el crecimiento de mediano plazo.

En este escenario, la economía peruana registraría un crecimiento promedio de 3,2% entre 2026 y 2031, sustentado principalmente en el fortalecimiento de la demanda interna y en el mayor dinamismo de la inversión privada. La inversión crecería a una tasa promedio de 4,4%, impulsada por el inicio y desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura de gran escala.

El documento destaca que solo en 2026 se prevé el inicio de proyectos mineros por aproximadamente US$ 5,900 millones, como Zafranal, la optimización de Cerro Verde y Tía María. A ello se sumarían nuevas iniciativas entre 2027 y 2031, como Coroccohuayco, Los Chancas, Michiquillay y La Granja. En infraestructura, la cartera de APP permitiría adjudicar más de US$ 26,000 millones entre 2026 y 2028, además de adendas priorizadas por más de US$ 15,000 millones, orientadas a modernizar aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles y el transporte de gas, así como la segunda etapa del megapuerto de Chancay.

Este mayor dinamismo de la inversión tendría efectos positivos sobre el empleo formal y los ingresos de los hogares, consolidando el consumo privado y reforzado por un entorno financiero más favorable, con menores tasas de interés y mejores condiciones de acceso al crédito.

Consolidación fiscal y sostenibilidad de la deuda

En materia fiscal, el informe proyecta una estrategia de consolidación gradual orientada a preservar la sostenibilidad de la deuda pública. Tras alcanzar un déficit fiscal de 3,4% del PBI en 2024, este se reduciría a 1,8% en 2026 y convergería a la meta de 1,0% del PBI en 2028, nivel que se mantendría en los años siguientes.

La deuda pública, que se redujo de 35,3% del PBI en 2021 a 32,0% en 2024, seguiría una trayectoria descendente hasta ubicarse alrededor de 30% del PBI en el mediano plazo. Esta evolución permitiría al Perú mantener una posición fiscal sólida frente a otras economías emergentes, preservando el grado de inversión y el acceso a condiciones favorables de financiamiento.

No obstante, el informe advierte sobre riesgos relevantes, como la volatilidad de los precios de las materias primas, la ocurrencia de desastres naturales y la aprobación de normas que debiliten la base tributaria o incrementen el gasto sin financiamiento claro. Frente a ello, se subraya la necesidad de fortalecer los ingresos permanentes y mejorar sustancialmente la eficiencia del gasto público.

La agenda pendiente de políticas al 2031

Más allá de las proyecciones favorables, el informe identifica una amplia agenda pendiente para sostener el crecimiento económico y mejorar el bienestar de la población hacia el 2031. Entre las prioridades destaca la implementación de reformas estructurales orientadas a elevar la productividad y la competitividad, con la actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad como eje articulador.

El destrabe de proyectos estratégicos en minería, infraestructura logística e irrigación, como Chavimochic III y Majes Siguas II, es señalado como clave para fortalecer los encadenamientos productivos, reducir brechas territoriales y ampliar la capacidad exportadora del país. Asimismo, se enfatiza la necesidad de diversificar la estructura productiva para reducir la dependencia de las materias primas y desarrollar nuevos motores de crecimiento.

La reducción de la informalidad aparece como uno de los mayores desafíos pendientes, debido a su impacto negativo sobre la productividad, la recaudación fiscal y la protección social. En este contexto, la modernización del mercado laboral y el proceso de adhesión a la OCDE son vistos como oportunidades para adoptar mejores prácticas internacionales y fortalecer la institucionalidad.

En el ámbito social, el informe reconoce que persisten brechas significativas en educación, salud, vivienda y servicios básicos, especialmente en zonas urbanas vulnerables y áreas rurales. En turismo, se plantea la necesidad de consolidar la recuperación y posicionar al país como un destino líder en turismo sostenible y descentralizado.

Finalmente, el documento subraya que el crecimiento económico solo será sostenible si se desarrolla en un entorno de institucionalidad sólida, seguridad ciudadana y cohesión social. La lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho se presentan como condiciones indispensables para consolidar la confianza ciudadana y afianzar, al 2031, un modelo de desarrollo basado en estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y mejoras tangibles en la calidad de vida de la población.