El 60% de las universidades solo tiene licencia provisional

14:25 20 Mayo, 2014

A la fecha ninguna universidad peruana figura en el ranking del año 2013 de las 500 mejores universidades del mundo, elaborado por la universidad Shanghai Jiao Tong ni en el elaborado el mismo año por la firma Quaquarelli Symonds (QS).

Y según esta última firma, solo tres instituciones peruanas (la Universidad Católica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia) están entre las 100 mejores universidades a nivel latinoamericano.

En cuanto a la situación institucional de las universidades, a la fecha, existen 139 universidades, de las cuales 76 (40%) se encuentran institucionalizadas y 63 (60%) se encuentran en proceso de institucionalización (a través de una licencia provisional), las cuales, en algunos casos, tienen más de 10 años consecutivos en dicha situación.

Los datos presentados dan cuenta de la ausencia de una política pública efectiva que promueva la ampliación progresiva de la cobertura educativa universitaria y que, al mismo tiempo, asegure requisitos básicos de calidad educativa para el funcionamiento del servicio.

Esta situación afecta tanto al estudiante y/o egresado universitario, como a la sociedad en su conjunto. En cuanto a la sociedad, los bajos niveles de la calidad educativa universitaria repercuten en la escasez de mano de obra calificada que es vital para sostener el crecimiento económico de los últimos años y su capitalización en una mejora sustantiva del bienestar social de la población, según lo señala el Ejecutivo en su proyecto remitido al Congreso para crear la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SENEDU).

La economía globalizada de hoy requiere de países nutridos de una gran cantidad de trabajadores con una sólida formación, capaces de llevar a cabo tareas complejas y, además, de adaptarse rápidamente a los cambios del entorno y a las necesidades del sistema de producción.

Salarios promedios

Sin embargo en nuestro país, solo el 16.5% de la PEA ocupada tiene un nivel educativo superior universitario, con lo cual solo aquel porcentaje se beneficia de un salario promedio de S/. 2,126; salario 55.78% mayor que el promedio para un trabajador de nivel educativo superior no universitario, y un 75% mayor al salario promedio de un trabajador de nivel educativo secundario.

En nuestro país, aun no se cuenta con cifras oficiales relacionadas al nivel de empleabilidad y colocación laboral entre los egresados de las universidades. Pese a ello, se espera que una alta calidad educativa a nivel superior universitario derive en una mayor colocación laboral de los egresados y un aumento en la empleabilidad en sectores secundarios.

Frente a esta situación, el Ministerio de Educación señala que busca hacer efectivo su rol rector en materia educativa universitaria, impulsando la Reforma para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación, propuesta que permite ofrecer una lectura de conjunto respecto de las instancias, normas, principios, procesos e instrumentos involucrados en la supervisión de las condiciones básicas de calidad educativa en todo el país, a partir de una relectura de la problemática actual, de la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho a una educación de calidad y tomando en cuenta la experiencia internacional.

En tal sentido, dicha reforma formaliza los procesos que buscan asegurar la calidad educativa, los organiza y articula, a fin de asegurar su efectiva implementación. De esta manera, la reforma propone cuatro procesos diferentes pero articulados entre sí que constituyen finalmente los pilares en los que se asienta: licenciamiento, acreditación, fomento de la calidad y sistemas de información.

El proceso de Licenciamiento hace referencia al rol estatal para asegurar que la provisión de la educación superior universitaria cumpla con condiciones básicas de calidad. El cumplimiento de dichas condiciones conduce a la obtención de una licencia temporal y renovable que les permite operar. Esta acción, de carácter obligatorio aseguraría que ninguna institución opere por debajo de las exigencias básicas de calidad, tanto en las instituciones nuevas como en las ya existentes y, por ende, protege a los consumidores de incurrir en transacciones que no les ofrezcan un beneficio mínimo requerido por la sociedad.

Por su parte, el proceso de acreditación hace referencia al testimonio que da el Estado sobre la calidad de una institución o programa conducente a obtener un grado académico. Es decir, es el reconocimiento público de un alto nivel de calidad, entendido como el grado de satisfacción de altos estándares definidos por el Estado, con la participación de otros actores que sean relevantes.

El Gobierno señala que la acreditación también permite promover la movilidad de estudiantes, egresados y académicos, tanto entre las instituciones de educación superior del país, o entre ellas y otras fuera del país.

Por otro lado, el fomento de la calidad hace referencia a la gestión de mecanismos y la provisión de los instrumentos necesarios para alcanzar la calidad, entendidos como un conjunto de medidas que sirven para alimentar la cultura de la mejora continua, acercar a las instituciones al cumplimiento de sus propósitos institucionales y realizar los ajustes necesarios para mejorar su desempeño.

Por último, los sistemas de información confiable y actualizada son herramientas indispensables para la toma de decisiones, tanto de los usuarios del servicio educativo como para los decisores de política. En ese sentido, el Estado permite que se equilibre la asimetría existente entre el mercado de servicios educativos y el mercado laboral. Ello justifica la existencia de un sistema de información integrado como cuarto pilar de la Reforma.

Superintendencia

Según el proyecto del Ejecutivo, la SENUDE es responsable del licenciamiento para el servicio educativo superior universitario, entendiéndose el licenciamiento como el procedimiento que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento.

La Superintendencia es también responsable de fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal a las universidades, son destinados a fines educativos y de supervisar el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo universitario.

La autorización otorgada mediante el licenciamiento por el SENUDE es temporal y renovable y tendrá una vigencia mínima de 6 años.

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