Declara no laborable el 27 de julio de 2026 para impulsar el turismo interno

El Gobierno oficializó la declaración del lunes 27 de julio de 2026 como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, con el objetivo de promover el turismo interno y dinamizar las economías regionales durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y se enmarca dentro de la estrategia que el Ejecutivo viene aplicando desde hace más de una década para fomentar los viajes internos a través de fines de semana largos.

Con esta disposición, los trabajadores del sector público tendrán un feriado extendido entre el sábado 25 y el martes 28 de julio, fecha central de las celebraciones patrias, lo que podría generar un mayor movimiento turístico y comercial en distintas regiones del país.

Impulso al turismo y a las economías locales

En la norma, el Ejecutivo señala que el turismo interno constituye una herramienta importante para dinamizar las economías locales, generar empleo y promover el conocimiento de los atractivos turísticos nacionales.

El decreto recuerda además que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tiene entre sus funciones formular estrategias para promover el turismo interno y receptivo, así como establecer condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad económica.

Según el Gobierno, la experiencia de años anteriores demuestra que los fines de semana largos tienen un impacto positivo sobre el flujo turístico, especialmente en destinos regionales, hospedajes, restaurantes, transporte y actividades vinculadas al comercio y servicios.

La medida busca aprovechar el contexto de Fiestas Patrias, una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año.

Compensación obligatoria de horas

El decreto establece que las horas dejadas de laborar el lunes 27 de julio deberán ser compensadas posteriormente.

La recuperación del tiempo no trabajado deberá realizarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la fecha que determine cada entidad pública, de acuerdo con sus necesidades operativas.

No obstante, el Ejecutivo precisó que, para efectos tributarios, el día declarado no laborable será considerado hábil.

Servicios esenciales seguirán operando

La norma también dispone que las entidades públicas deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la población durante el día no laborable.

Asimismo, las empresas privadas consideradas estratégicas o vinculadas a servicios esenciales estarán facultadas para excluir determinados puestos de trabajo de la medida.

Entre las actividades exceptuadas figuran los servicios de salud, saneamiento, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, transporte, seguridad, puertos, aeropuertos, hospedajes, restaurantes, sistema financiero, traslado de valores y abastecimiento de alimentos, entre otros.

Estas empresas podrán decidir qué trabajadores continuarán laborando para asegurar la atención a la ciudadanía y la continuidad de operaciones críticas.

Sector privado podrá acogerse voluntariamente

En el caso del sector privado, la aplicación del día no laborable será opcional y deberá acordarse entre empleadores y trabajadores.

Ambas partes deberán definir la forma de compensación de las horas dejadas de laborar. Si no existe acuerdo, será el empleador quien determine el mecanismo de recuperación.

La disposición abre la posibilidad de que empresas privadas también se sumen al feriado largo, especialmente en sectores vinculados al turismo, comercio y servicios.

Con esta decisión, el Ejecutivo espera impulsar nuevamente el turismo nacional y generar un mayor movimiento económico en regiones que dependen fuertemente de esta actividad.

En años anteriores, los fines de semana largos promovidos por el Gobierno generaron un incremento en viajes interprovinciales, reservas hoteleras y consumo en restaurantes y comercios locales.

Especialistas del sector turismo consideran que estas medidas contribuyen a descentralizar el gasto turístico y benefician principalmente a pequeñas y medianas empresas vinculadas al rubro de servicios.