Gobierno fija cinco ejes para ordenar el Estado y convertir las decisiones públicas en resultados

El Gobierno aprobó la Política General de Gobierno 2026-2031, denominada “Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados”, mediante el Decreto Supremo N.º 127-2026-PCM. El documento establece los principales ejes y lineamientos que deberán orientar la acción del Ejecutivo durante el periodo 2026-2031 y plantea una hoja de ruta que combina seguridad ciudadana, reducción de vulnerabilidades, desarrollo de las personas, productividad y fortalecimiento de las instituciones.

La política fue aprobada por el Consejo de Ministros en su sesión del 4 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con el decreto, busca enfrentar las principales brechas existentes en el ejercicio de los derechos fundamentales y en la provisión de servicios esenciales. Sus lineamientos deberán orientar el desarrollo y actualización de las políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales, en concordancia con las Políticas de Estado y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.

Una política de aplicación para todos los niveles de gobierno

El alcance de la nueva política no se limita a los ministerios. El Decreto Supremo establece que su aplicación es inmediata para todas las entidades del Poder Ejecutivo, así como para los gobiernos regionales y locales y sus entidades adscritas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Esto supone que los objetivos definidos por el Gobierno deberán traducirse progresivamente en medidas, políticas, planes e intervenciones concretas en los diferentes niveles de la administración pública.

La norma parte de una definición de la Política General de Gobierno como un conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan mediante políticas nacionales y que se organizan en ejes y lineamientos para orientar la acción gubernamental durante el mandato presidencial. Bajo ese marco, la nueva política establece cinco grandes prioridades que abarcan desde la lucha contra la criminalidad hasta la productividad, el empleo formal y la gobernabilidad democrática.

Seguridad ciudadana como primera prioridad

El primer eje está orientado a reducir la inseguridad ciudadana que afecta la vida, la integridad y las actividades económicas de la población. La política plantea una estrategia que no se limita a combatir los delitos una vez cometidos, sino que busca reducir las condiciones que permiten el avance de la criminalidad organizada.

Entre sus principales lineamientos figura la reducción de la afectación de personas y unidades económicas por delitos violentos, extorsión y crimen organizado. También se plantea mejorar el acceso oportuno, articulado y confiable de la ciudadanía a los servicios de seguridad y justicia.

El Gobierno busca además reducir la capacidad operativa, logística y económica de las redes de crimen organizado y fortalecer la integridad, gobernanza y legitimidad de las instituciones y servidores públicos encargados del orden interno y la administración de justicia.

Otro objetivo es recuperar el control y el uso seguro de espacios públicos y territorios afectados por la violencia y las economías ilícitas. El enfoque revela así una preocupación no solo por la seguridad de las personas, sino también por el impacto que la criminalidad tiene sobre las actividades económicas y el funcionamiento de los territorios.

Prevención frente a desastres y cambio climático

El segundo eje está dirigido a reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y al cambio climático.

La política plantea mejorar las condiciones de ocupación y uso del territorio tomando en cuenta los peligros, vulnerabilidades y potencialidades existentes. A ello se suma el objetivo de reducir la exposición de la población, la infraestructura y las actividades económicas a los riesgos de desastres y eventos climáticos.

También se busca mejorar la preparación, respuesta y atención oportuna frente a emergencias, así como fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas productivos, las ciudades y los ecosistemas frente al cambio climático.

Un aspecto relevante es la apuesta por una mayor coordinación entre los distintos sectores del Estado, los diferentes niveles de gobierno y el sector privado para implementar oportunamente intervenciones frente a riesgos de desastres y eventos climáticos.

Salud, educación y protección social

El tercer eje coloca en el centro el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades a lo largo del ciclo de vida. En materia de salud, uno de los objetivos es fortalecer la atención con especial énfasis en la gestación, la primera infancia y los adultos mayores, priorizando el primer nivel de atención y la reducción de los tiempos de espera.

En educación, la política establece como prioridad mejorar la calidad de los aprendizajes en todos los niveles, con énfasis en la educación básica. Asimismo, plantea mejorar la transición entre la educación y el mercado laboral mediante el fortalecimiento de capacidades laborales y productivas alineadas con la demanda de empleo, particularmente para los jóvenes.

La protección social también ocupa un lugar importante. El Gobierno plantea ampliar su cobertura para las personas en situación de vulnerabilidad, priorizando a adultos mayores, niños en primera infancia y personas con discapacidad.

El eje incorpora además objetivos vinculados con la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en la primera infancia; la ampliación del acceso a servicios básicos de calidad, con énfasis en agua segura; y la reducción del trabajo infantil, procurando garantizar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en el sistema educativo.

Productividad, empleo formal e inversión

El cuarto eje tiene una conexión directa con la agenda económica y productiva del país. Su objetivo es elevar la productividad con empleo formal e integración económica del territorio.

Uno de los principales focos está puesto en las micro y pequeñas empresas, cooperativas y otras formas asociativas. La política busca elevar su competitividad y productividad mediante una mayor articulación con los mercados, acceso al financiamiento, desarrollo de su madurez digital y fortalecimiento de sus capacidades técnicas, de gestión e innovación.

Este planteamiento reconoce que la productividad de las unidades económicas más pequeñas constituye un componente importante para ampliar las oportunidades de crecimiento y formalización. La incorporación de la digitalización, el financiamiento y la innovación dentro de un mismo lineamiento apunta a que las MYPE no solo tengan mayor acceso a recursos, sino que puedan mejorar su capacidad para competir y crecer.

En materia laboral, el Gobierno plantea incrementar el acceso a empleo decente, formal y productivo, especialmente entre los jóvenes y las personas en situación de vulnerabilidad. Para ello contempla esquemas de incentivos y otros estímulos económicos, además de optimizar los servicios de empleo, capacitación e inserción laboral y fortalecer el sistema de inspecciones.

Seguridad jurídica para la inversión

Otro de los componentes centrales de este eje es la inversión. La Política General de Gobierno plantea garantizar condiciones de seguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera mediante un marco regulatorio eficiente, simple, transparente y predecible.

El objetivo explícito es reducir la incertidumbre y contribuir a generar un entorno favorable para los negocios. Esta definición vincula la agenda de crecimiento económico con la necesidad de mejorar la calidad regulatoria y ofrecer mayores niveles de predictibilidad a los agentes económicos.

El Gobierno también plantea reducir las brechas de infraestructura que limitan la integración territorial. Para ello propone elevar la conectividad en transporte, telecomunicaciones, servicios digitales y logística, con especial atención a los territorios rurales.

A la vez, busca aprovechar de manera sostenible las potencialidades productivas de los territorios y su biodiversidad, con énfasis en infraestructura hidráulica y una mayor integración con los mercados.

El cuarto eje incorpora finalmente una dimensión internacional, al plantear una mayor integración del Perú con el mundo mediante una política comercial que genere oportunidades de comercio, inversión, cooperación e innovación.

Gobernabilidad y fortalecimiento institucional

El quinto eje está dirigido a consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, con el propósito de fortalecer las instituciones y mejorar la gestión de los conflictos.

Entre sus objetivos se encuentra fortalecer la legitimidad, representación y rendición de cuentas de las instituciones democráticas, así como mejorar el acceso efectivo, oportuno, asequible y territorialmente cercano de la población a los mecanismos de justicia y solución de controversias.

La política también busca mejorar la coordinación entre las instituciones políticas, jurídicas y sociales para responder oportunamente a las necesidades de la población, especialmente en la solución de controversias.

Otro componente es una mayor participación informada y diálogo entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la academia, con el propósito de fortalecer la convivencia democrática.

Pero uno de los puntos más relevantes para la gestión pública es el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del Estado para implementar las políticas y decisiones públicas de manera efectiva, íntegra y sostenible. El documento también incluye el fortalecimiento de la gobernanza y gestión de la seguridad social en salud, así como el diálogo y la concertación social para mejorar la productividad y competitividad del país.

El reto de convertir los lineamientos en resultados

La aprobación de esta política establece un marco general para la gestión gubernamental de los próximos años, pero su impacto dependerá de la capacidad del Estado para convertir los objetivos planteados en acciones concretas y medibles.

El propio decreto establece que, desde la entrada en vigencia de la norma, los ministros de Estado deberán establecer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Política General de Gobierno 2026-2031, aplicables a los distintos niveles de gobierno y dentro del marco de sus competencias.

En ese sentido, el documento plantea una agenda amplia que abarca algunos de los principales problemas estructurales del país: inseguridad y criminalidad, vulnerabilidad frente a desastres, brechas en salud y educación, informalidad laboral, baja productividad, dificultades para la inversión, déficit de infraestructura y debilidades institucionales.

La principal dificultad estará en la ejecución. La política propone ordenar el Estado y convertir las decisiones públicas en resultados, por lo que el siguiente paso será traducir los cinco ejes y sus respectivos lineamientos en políticas sectoriales, presupuestos, proyectos, regulaciones y mecanismos de seguimiento capaces de mostrar avances concretos.

Más que la cantidad de objetivos incluidos, el desafío será establecer prioridades, responsabilidades y resultados verificables. La aplicación de la política en el Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales convierte la coordinación entre niveles de gobierno en un factor determinante. Si esa articulación no se produce, existe el riesgo de que los lineamientos permanezcan como una declaración de intenciones; si se logra, la nueva Política General de Gobierno puede convertirse en un marco para alinear la gestión pública con objetivos económicos y sociales de largo plazo.