La corrupción desinvierte en las generaciones futuras

Por José Vicente Pérez, director del Máster en Periodismo y Comunicación Digital de EAE Business School

A un lado y a otro del Atlántico, vemos a diario en los informativos a políticos y funcionarios públicos en el banquillo de los acusados, ante los jueces. Los casos de corrupción, desafortunadamente, abundan tanto en Latinoamérica como en España.

Es difícil dar con datos fiables, contrastados y rigurosos sobre el coste de la corrupción y las pérdidas sociales que genera esta lacra, pero se cuentan por miles de millones de dólares. Ese dinero, desviado por los gobiernos para prácticas corruptas, se deja de invertir en educación, sanidad o infraestructuras. En muchos países, esa desinversión puede suponer el futuro (o falta del mismo) de generaciones enteras. En definitiva, la corrupción afecta al bienestar de los ciudadanos, que son los que siempre pierden.

En España durante el tercer trimestre de 2017 existían 20 casos de corrupción en tramitación judicial. ¿De cuánto dinero hablamos? Ahí está el quid de la cuestión.

Un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de febrero de 2015, cifró en 47.500 millones de euros (59,000 millones de dólares) los sobrecostes en las adjudicaciones realizadas por las diferentes administraciones públicas –más de 20.000- en toda España. Es una cifra que puede explicar el por qué de la corrupción (la pura ambición económica) pero, desde mi parecer, no es la única. Quizá podíamos definir esta tendencia a la corrupción como una enfermedad endémica.

Y si hablamos de medidas para hacerle frente, el escenario no es más alentador. Según el último informe publicado en enero de este año por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO, por sus siglas en inglés), España no ha cumplido con ninguna de las once medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción. El presidente del GRECO, Marin Mrčela, ha enviado una carta a las autoridades españolas pidiendo que se tomen medidas concretas. El 31 de diciembre de 2018 es la fecha límite para implementar estas recomendaciones.

En Latinoamérica aún estamos descubriendo las ramificaciones del ‘caso Odebrecht’, un caso que, en Perú, como sabemos, ha tintado los pasados de expresidentes y ha puesto en duda el presente y futuro del actual jefe de Gobierno. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos la constructora brasileña habría operado durante los últimos 20 años con una caja b para lograr contrataciones públicas. El pago de ‘coimas’ o sobornos podría rondar los 800 millones de dólares.

Para hacer frente a esta situación en cualquier parte del mundo, cada vez más empresas están apostando por la figura del ‘compliance officer’, una suerte de director de cumplimiento normativo que debe velar para que la empresa quede fuera de cualquier caso de corrupción. Evidentemente, no porque sea un lince a la hora de sobornar a los servidores públicos en cada país, sino para evitar que suceda.

Pero ¿es suficiente la figura del compliance officer para impedir que la corrupción siga campando a sus anchas? En mi opinión, las instituciones públicas en primer lugar, pero también las privadas, debe dar un paso adelante y dar ejemplo. Porque de su ejemplaridad tomarán nota los ciudadanos quienes, cada vez más, y gracias a las nuevas tecnologías de la información, demandan prácticas transparentes de sus gobernantes y de las empresas. Porque las nuevas generaciones merecen otra forma de gestionar los dineros públicos. Y porque la corrupción es la peor forma de invertir en el futuro de cualquier país.