Reflexiones a propósito del aumento del ISC

Debe tenerse presente que cuando se aumenta el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a través de un Decreto Supremo, siguiendo lo que establece el artículo 61° de la Ley del IGV e ISC, se está violando flagrantemente la Constitución en su artículo 74° que menciona como principio tributario constitucionalizado, el respeto al “principio de legalidad” o de “reserva de la Ley”, y por lo tanto, la concordante Norma IV de la Constitución nacional.

Pero poco parece importar ese principio a la hora de aplicar los tributos. Y desde ya ello deja una sensación de abuso y de inconstitucionalidad.

Consideramos que no es a través del aumento de tasas que se puede incrementar sustantivamente la recaudación, tanto más si como se sabe, este aumento del ISC a bienes que generan “externalidades negativas”, sólo generaría un mínimo de recaudación (0.3% del PBI, según los especialistas).

Este reciente aumento del ISC no tiene en cuenta que la fuente principal de inversión, empleos y crecimiento son las utilidades de los accionistas de las empresas y que el aumentar los impuestos (especialmente el caso de la gasolina y diesel) va en detrimento de las cantidades reinvertibles para la generación de empleos productivos y crecimiento de la actividad económica.

Veamos lo que ha pasado con los combustibles. Una historia ya consabida. En efecto, se está ya dando la figura de la “traslación fiscal”, es decir, al aumentar la carga impositiva en las empresas, reflejada en los sobrecostos en fletes y combustible para la maquinaria y otros bienes, éstas las transfieren a los precios finales; si no pueden efectuar ello y absorben esa carga, reducirán dichas empresas su crecimiento que finalmente es la fuente necesaria de empleos y producción.

Recuérdese que la llamada “Curva de Laffer”, tan criticada por unos y loada por otros, refiere que un aumento de impuesto no genera un incremento equivalente en el monto recaudado, pues llegará un momento en que a mayores impuestos habrá menos recaudación. A mayores precios, la demanda y consumo se retrae, y se genera menos tributos recaudados dice la doctrina económica.

Si bien es cierto, los recientes aumentos de ISC pueden ayudar al gobierno a un mayor flujo de recursos en un corto plazo, a mediano y largo plazo, estructuralmente podrían repercutir en menos empleo, reducción de la actividad empresarial, informalidad, contrabando y, por lo tanto, en una menor recaudación tributaria por parte del Fisco.

Los expertos señalan que una economía -sin que otras condiciones se modifiquen-, que crece a 6% con impuestos, recaudará más que otra que crece al 2% con el doble de tasas impositivas aplicadas. Esto se indica que sucede también en las empresas, pues el aumento de precios no implicará un aumento proporcional de los ingresos percibidos, incluso en un panorama de monopolio.

Recuérdese que el éxito de economías como la chilena, que tiene una bajo Impuesto a la Renta y un elevado Impuesto al Consumo (IVA para ellos), es que hace más atrayente la inversión que el consumo, y es por ello que esta economía (la chilena) ha crecido mucho más que la mexicana, pues si se aumenta el Impuesto a las ganancias empresariales, los inversionistas reducen su interés en crear e invertir en tal o cual país.

La solución como se viene planteando sería reducir sobrecostos en el Estado, hacerlo más eficiente, incentivar las obras públicas, a la par aumentar la base tributaria de los contribuyentes.

Quizás lo más sano, respetando el principio de “uniformidad” establecido en la Constitución, sería crear un Impuesto a la Renta empresarial con tasas diferenciadas y no flat como hoy en día, teniendo en consideración el tamaño de las empresas (medirlo, por ejemplo, a través de ventas o activos, el monto mayor), donde se fiscalice la elusión tributaria específica que podría consistir de que se revise si es que para evitar las tasas altas, se estén atomizando las actividades en ciertos sectores, como sucedió con el RER en sus inicios.

Una tributación justa, parte por ejemplo del hecho de reconocer que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En tal sentido, no es posible que las actividades de servicios, que no pueden descontar gastos y/o costos al nivel de una empresa industrial o comercializadora, hoy en día sigan pagando la misma tasa sobre la renta neta tributaria (29.5%), o se siga aplicando criterios perjudiciales para la imputación del ingreso como el “devengado” en pagos a cuenta, IGV y regularización del IR.

La tributación debería ser explicada desde el colegio, inculcando en la educación escolar el deber cívico de contribuir. Es un cambio de “chip” que debe darse desde los años iniciales educativos, en la estrategia de crear mejores y fieles cumplidores contribuyentes.

A la par, el Estado debe ampliar la base de contribuyentes y no fiscalizar y ahogar a los de siempre (los formales), y demostrar que los tributos se aplican eficazmente en mayores obras para el bien público. Ideas éstas que se repiten continuamente, y que deberían plasmarse en cambios efectivos y eficaces.