Economía

Gobierno declara en reorganización al Ministerio de la Mujer y sus programas nacionales por 60 días

El MIMP evaluará su estructura organizacional, gestión presupuestal y recursos humanos para identificar cambios que permitan mejorar la cobertura y oportunidad de sus servicios.

Gan@Más

Redacción digital

redaccion@revistaganamas.com.pe

18 noviembre, 2026 / 8:58 am

El Gobierno declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y sus programas nacionales, por un plazo de 60 días calendario, con el objetivo de evaluar integralmente su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como proponer medidas para mejorar su funcionamiento y la prestación de los servicios a su cargo.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-MIMP, publicado el 18 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano, y suscrito por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Magdalena Seminario Marón.

Según los considerandos de la norma, la decisión responde a las limitaciones identificadas en la provisión de los servicios que brinda el ministerio a la población, particularmente en aspectos relacionados con su integralidad, oportunidad y cobertura. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad institucional del sector y mejorar la eficacia de sus intervenciones en favor de las mujeres y las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La reorganización se enmarca en los objetivos de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que busca elevar los niveles de eficiencia de las entidades públicas, optimizar el uso de los recursos y mejorar la atención a la ciudadanía. Asimismo, considera los principios de orientación a resultados, eficacia, eficiencia y eliminación de duplicidades en las funciones y competencias de las instituciones públicas.

 

Evaluación integral de la gestión del ministerio

Uno de los principales componentes del proceso será la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del MIMP y sus programas nacionales. Esta tarea estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que deberá evaluar diferentes aspectos de la gestión institucional para identificar problemas y plantear medidas de reforma y mejora organizacional.

El análisis comprenderá la situación administrativa y organizacional, el planeamiento estratégico, la gestión presupuestal, la inversión pública, los recursos humanos y la integridad institucional, entre otros aspectos que resulten necesarios para determinar los cambios que requiere el sector.

Sobre la base de este diagnóstico, dicha oficina deberá elaborar un informe de modernización y reorganización que incluya propuestas concretas para fortalecer la estructura y el funcionamiento del ministerio y sus programas nacionales. El documento será remitido al despacho ministerial, previa conformidad de los despachos viceministeriales y de la Secretaría General, de acuerdo con sus respectivas competencias.

La norma también establece que, a los 30 días calendario de publicada, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización deberá presentar a la Alta Dirección un informe sobre los avances del diagnóstico.

 

Plan establecerá medidas, responsables y plazos

Como resultado de la evaluación, el MIMP deberá elaborar un Plan de Modernización y Reorganización que contenga las medidas y acciones priorizadas para implementar las propuestas identificadas en el diagnóstico.

Este documento deberá precisar los responsables de ejecutar cada medida, los plazos correspondientes y los mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar su cumplimiento. Su elaboración estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y deberá ser aprobada mediante Resolución Ministerial dentro del plazo de 60 días establecido por el decreto supremo.

La norma contempla que las propuestas puedan derivar en modificaciones de la estructura orgánica, fusiones, cambios de dependencia u otros mecanismos de reforma de la estructura del Estado. Sin embargo, precisa que cualquier medida de esta naturaleza deberá cumplir con los requisitos, procedimientos e instrumentos establecidos en la normativa vigente.

De esta manera, el proceso de modernización no se limita a una revisión administrativa, sino que busca identificar las modificaciones necesarias para mejorar la articulación, gestión y cumplimiento de las competencias del ministerio y sus programas.

 

No implica cambios inmediatos en la estructura institucional

Un aspecto importante del decreto supremo es que la declaración de modernización y reorganización tiene carácter temporal y de evaluación. Por tanto, no constituye por sí misma una aprobación del redimensionamiento o reorganización institucional, ni modifica la estructura orgánica, las competencias o la naturaleza jurídica del MIMP y sus programas nacionales.

Esto significa que las eventuales modificaciones institucionales deberán ser evaluadas y aprobadas posteriormente, siguiendo los procedimientos que establece la legislación correspondiente.

Asimismo, todas las unidades de organización y los programas nacionales del ministerio estarán obligados a proporcionar la información y el apoyo que solicite la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización dentro de los plazos establecidos, bajo responsabilidad.

Respecto al financiamiento, el decreto establece que la implementación del proceso se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización será la responsable de conducir el proceso, coordinar la evaluación y formular las propuestas que permitan fortalecer la capacidad institucional del sector.

En términos generales, la medida abre un periodo de evaluación para determinar si la actual organización, gestión y distribución de recursos del MIMP responden adecuadamente a las necesidades de la población que atiende. El resultado de este proceso será determinante para establecer qué cambios administrativos y organizacionales se requieren para mejorar la cobertura, oportunidad y calidad de sus servicios.

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