Gobierno inicia reorganización integral del sector ambiental por 120 días

El Gobierno declaró en proceso de modernización y reorganización al Ministerio del Ambiente (MINAM), sus programas y proyectos especiales y los organismos públicos adscritos al sector ambiental por un periodo de 120 días calendario, durante el cual se realizará una evaluación integral de su estructura administrativa, organización, presupuesto, inversiones, recursos humanos y procesos de gestión.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-MINAM, publicado este jueves 17 de septiembre en el Diario Oficial El Peruano. El objetivo es identificar problemas y oportunidades de mejora y, sobre esa base, plantear reformas que permitan fortalecer el funcionamiento institucional y la capacidad del Ministerio del Ambiente para ejercer la rectoría del sector.

El proceso se produce 18 años después de la creación del Ministerio del Ambiente. El Ejecutivo sostiene que el escenario actual plantea nuevos desafíos relacionados con el cambio climático, la transición hacia una economía circular y la necesidad de articular la institucionalidad ambiental con la reactivación económica.

La reorganización no se limita, por tanto, a una revisión de la estructura interna del ministerio. El decreto plantea una evaluación más amplia del funcionamiento del sector y de la manera en que sus entidades se articulan para cumplir sus responsabilidades.

Reactivación económica y protección ambiental

Uno de los aspectos relevantes de la norma es la relación que establece entre la institucionalidad ambiental y el desarrollo de las actividades productivas.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que resulta necesario avanzar hacia un modelo de desarrollo equilibrado en el que la protección del patrimonio natural pueda convivir de manera responsable con el despliegue de actividades productivas sostenibles.

Este enfoque supone revisar si la actual organización del sector permite responder adecuadamente tanto a las exigencias ambientales como a las necesidades vinculadas con la inversión y el desarrollo económico.

El Ejecutivo también señala que existen oportunidades de mejora en la articulación sectorial y la necesidad de superar cuellos de botella administrativos. En ese contexto, considera necesarias medidas de reforma que fortalezcan el liderazgo rector del MINAM.

Diagnóstico abarcará presupuesto, inversiones y recursos humanos

El proceso tendrá como pieza central un diagnóstico encargado a la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINAM.

La evaluación será amplia. Comprenderá la situación administrativa y organizacional del sector, el planeamiento estratégico e institucional, el presupuesto, las inversiones, la gestión por procesos, los recursos humanos y la gestión de la integridad pública, además de otros aspectos que se consideren necesarios.

Esto permitirá revisar no solamente la estructura institucional, sino también cómo se utilizan los recursos disponibles, cómo se planifican y ejecutan las inversiones y qué tan eficientes son los procesos administrativos.

Los resultados deberán plasmarse en un informe técnico que contendrá el diagnóstico y las medidas de reforma y mejora organizacional recomendadas. El documento será presentado al Despacho Ministerial, previa conformidad de los despachos viceministeriales y de la Secretaría General, de acuerdo con sus respectivas competencias.

Posteriormente, el informe deberá ser aprobado mediante resolución ministerial.

Primeros resultados deberán conocerse en 70 días

Aunque el proceso completo tendrá una duración de 120 días calendario, el decreto establece un primer hito a los 70 días.

Para entonces, la Oficina de Planeamiento y Modernización deberá presentar a la Alta Dirección del MINAM un informe parcial con los avances alcanzados en el diagnóstico.

Este reporte permitirá conocer de manera anticipada los principales problemas detectados y el avance de la evaluación, aunque las recomendaciones definitivas serán incorporadas posteriormente en el informe técnico final.

Una vez aprobado este último documento, las recomendaciones deberán ser implementadas, según corresponda, por el propio Ministerio del Ambiente y por los organismos públicos adscritos al sector, respetando las competencias, procedimientos e instrumentos establecidos en la legislación vigente.

Buscan optimizar recursos y cooperación internacional

Otro de los puntos relevantes del decreto está relacionado con el financiamiento del sector ambiental.

El Gobierno señala que resulta necesario fortalecer su sostenibilidad financiera mediante una optimización en el uso de los recursos públicos.

La evaluación también alcanza indirectamente a los recursos provenientes de la cooperación internacional. El Ejecutivo considera necesario lograr un mayor alineamiento estratégico de estos fondos para que se concentren prioritariamente en el cierre de brechas consideradas estratégicas y en la atención de la agenda climática.

Este planteamiento apunta a revisar no solo cuánto se destina a las políticas ambientales, sino también la forma en que los diferentes recursos disponibles se orientan hacia las prioridades del sector.

La reorganización, sin embargo, no contará con recursos adicionales del Tesoro Público. El decreto establece expresamente que las acciones derivadas del proceso serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales del MINAM y de los organismos públicos adscritos, según corresponda.

Apoyo de organismos internacionales

Para elaborar el diagnóstico y diseñar y validar las medidas de reforma, el Ministerio del Ambiente podrá contar con apoyo, asesoría y asistencia técnica especializada de organismos internacionales o instituciones multilaterales.

La norma establece que estas organizaciones deberán contar con experiencia en modernización de la gestión pública, gobernanza institucional y desarrollo sostenible.

Esta asistencia podrá contribuir a incorporar experiencias internacionales y criterios técnicos en el diseño de los cambios que eventualmente se implementen en la estructura y funcionamiento del sector ambiental.

Todas las unidades del MINAM, así como sus programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, tendrán que proporcionar la información, asistencia técnica y colaboración que requiera la Oficina de Planeamiento y Modernización para elaborar el diagnóstico.

Revisión de los marcos funcionales

Entre las razones que sustentan la decisión, el Ejecutivo señala que se ha identificado la necesidad de actualizar los marcos funcionales de las entidades adscritas al sector ambiental.

El objetivo es mejorar la articulación multisectorial, fortalecer las capacidades operativas y elevar la calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos.

El decreto menciona principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y armonización de la gestión pública. Bajo esos criterios, una de las cuestiones centrales será determinar si actualmente existen procesos, estructuras o mecanismos de coordinación que puedan simplificarse o funcionar de manera más eficiente.

La norma no determina anticipadamente qué entidades, oficinas o funciones serán modificadas, fusionadas o reorganizadas. Esas eventuales decisiones dependerán de los resultados del diagnóstico y de las recomendaciones que se aprueben posteriormente.

Reforma apunta a fortalecer rectoría ambiental

Uno de los objetivos transversales de la reorganización es fortalecer la capacidad del MINAM para ejercer la rectoría del sector.

El Ministerio es responsable de desarrollar, dirigir, supervisar y ejecutar la Política Nacional del Ambiente, así como de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

A 18 años de su creación, el Gobierno considera que los desafíos ambientales y económicos han cambiado y que ello exige revisar la capacidad institucional existente para responder a problemas como el cambio climático, la economía circular y la articulación de las políticas ambientales con las actividades productivas.

La relevancia del proceso estará, finalmente, en las medidas concretas que surjan del diagnóstico. El Decreto Supremo inicia una evaluación de 120 días, pero serán el informe técnico y las posteriores decisiones de implementación los que permitan determinar el alcance efectivo de la reorganización y si esta deriva en cambios significativos en la estructura, funcionamiento y gestión de las entidades que integran el sector ambiental.