Allanan a la SBS por presunta concertación para limitar la competencia en el transporte de caudales
La Fiscalía investiga posibles coordinaciones entre funcionarios de la SBS, Sucamec y empresas privadas para mantener la exclusividad en este mercado. La SBS confirmó que dos de sus funcionarios fueron incluidos en la investigación, cuestionó la proporcionalidad del allanamiento y aseguró que viene colaborando con las autoridades.

20 noviembre, 2026 / 1:31 pm
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad encargada de regular y supervisar los sistemas financiero, de seguros, privado de pensiones y cooperativo de ahorro y crédito, fue objeto de un allanamiento por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados al mercado de transporte de caudales.
La diligencia se realizó la mañana del viernes 20 de noviembre en la sede principal de la SBS, ubicada en San Isidro, y también comprendió instalaciones de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), en Magdalena. Las intervenciones forman parte de las investigaciones contra la presunta organización criminal denominada “Los Herméticos del Caudal”.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el operativo comprendió el allanamiento de 15 inmuebles en diferentes puntos de Lima. Entre ellos figuran ocho propiedades particulares, dos edificios vinculados a la SBS, una sede de Sucamec y cuatro inmuebles relacionados con empresas y asociaciones privadas del sector de transporte de valores.
Las diligencias incluyeron el allanamiento y descerraje de inmuebles, con participación de representantes del Ministerio Público y efectivos policiales, quienes permanecieron en los accesos de las instituciones intervenidas.
El operativo estuvo a cargo de la fiscal Julia Agustina Vela, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, y contó con la participación de agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior.
La hipótesis fiscal: impedir el ingreso de nuevos competidores
El eje de la investigación es la presunta existencia de coordinaciones entre funcionarios de entidades públicas y representantes de empresas privadas para mantener condiciones de exclusividad en el mercado peruano de transporte de caudales.
Según la hipótesis fiscal, la organización criminal habría desarrollado acciones destinadas a impedir o dificultar el ingreso de nuevos operadores a esta actividad económica, preservando así la posición de determinadas empresas en el sector.
El transporte de caudales comprende el traslado de dinero en efectivo, documentos financieros y otros bienes de alto valor, mediante vehículos blindados y personal especializado en seguridad. Se trata de una actividad que requiere autorizaciones y el cumplimiento de condiciones técnicas, operativas y de seguridad establecidas por las autoridades competentes.
En el mercado peruano, Hermes y Prosegur son dos de los principales operadores de este servicio y concentran una participación importante. Sin embargo, es necesario precisar que la información difundida sobre el operativo y la investigación no menciona expresamente a estas empresas como responsables de los presuntos hechos. Por tanto, no corresponde atribuirles participación en la supuesta organización criminal.
La investigación busca establecer si existieron acuerdos o intervenciones irregulares desde las entidades públicas para favorecer determinadas posiciones empresariales y restringir la competencia. En ese contexto, la actuación de la SBS y Sucamec resulta relevante debido a las competencias que ambas instituciones tienen en materia de regulación, supervisión y autorización de actividades vinculadas con este mercado.
El caso también contempla una línea de investigación relacionada con un presunto mecanismo de lavado de activos, que habría utilizado operaciones de conversión y transferencia de fondos. Esta hipótesis forma parte de las diligencias fiscales y deberá ser esclarecida durante el desarrollo de las investigaciones.
El origen de las sospechas y los antecedentes del caso
Los antecedentes de esta investigación se remontan a denuncias y reportajes periodísticos que dieron cuenta de presuntas coordinaciones entre funcionarios públicos y representantes del sector privado para mantener determinadas condiciones en el mercado de transporte de caudales.
Según la información difundida, parte de los elementos que dieron origen a las sospechas provendría de la declaración de un testigo protegido, quien habría proporcionado información sobre una posible coordinación entre empresas del sector y funcionarios de la SBS y Sucamec.
Uno de los aspectos bajo revisión es la relación entre estas presuntas coordinaciones y las decisiones regulatorias que podían afectar el ingreso de nuevos operadores al mercado. La Fiscalía busca determinar si existieron actuaciones de funcionarios que, aprovechando sus cargos o competencias, pudieron intervenir irregularmente en favor de intereses privados.
La investigación se produce, además, en un contexto en el que anteriormente se habían presentado iniciativas para modificar las condiciones de prestación del servicio de transporte de dinero en el país.
En septiembre de 2024, por ejemplo, se informó sobre medidas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) orientadas a flexibilizar los requisitos para facilitar el ingreso de nuevos participantes a esta actividad, un mercado en el que históricamente habían tenido una presencia predominante Hermes y Prosegur.
Este antecedente resulta importante porque uno de los puntos que ahora busca esclarecer el Ministerio Público es si determinadas actuaciones de funcionarios públicos estuvieron dirigidas a preservar las condiciones existentes en el sector o si, por el contrario, respondieron al ejercicio regular de sus funciones.
La posición de la SBS: niega favorecimientos y cuestiona el allanamiento
La SBS ya había rechazado anteriormente las informaciones periodísticas que vinculaban a funcionarios de la institución con presuntos actos de corrupción relacionados con el mercado de transporte de caudales.
En sus pronunciamientos previos, la entidad explicó que recibe habitualmente comunicaciones y solicitudes de reuniones de empresas y personas, tanto supervisadas como no supervisadas, cuando estas se relacionan con materias de su competencia.
Como ejemplo, mencionó el proyecto de ley 9476, que planteaba autorizar excepcionalmente al Banco de la Nación a transportar dinero en efectivo con resguardo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, sin necesidad de contratar obligatoriamente a empresas privadas de seguridad.
En el marco de la discusión de esta iniciativa legislativa, la SBS indicó que recibió la opinión de la Asociación de Seguridad Privada del Perú y atendió una solicitud de reunión para conocer sus planteamientos. Asimismo, señaló que emitió una opinión técnica sobre el proyecto.
La institución también sostuvo que impulsó medidas destinadas a facilitar el ingreso de nuevos participantes al mercado de transporte de caudales, entre ellas, la reducción del capital mínimo requerido para constituir empresas dedicadas a esta actividad.
Este argumento fue utilizado por la SBS para rechazar las versiones sobre un supuesto favorecimiento a determinadas empresas, al considerar que las medidas adoptadas apuntaban precisamente a facilitar la competencia y reducir las barreras de entrada al sector.
En sus anteriores declaraciones, la entidad también cuestionó los reportajes difundidos sobre el caso y sostuvo que las informaciones formaban parte de una campaña sin sustento relacionada, entre otros aspectos, con la emisión de un informe de inteligencia financiera por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se encuentra adscrita a la SBS.
Dos funcionarios de la SBS fueron incluidos en la investigación
Tras el allanamiento de su sede principal, la SBS emitió un comunicado en el que confirmó que dos de sus funcionarios fueron incorporados a la investigación fiscal. Según precisó, tomó conocimiento de esta situación el jueves 19 de noviembre.
La institución señaló que el Ministerio Público inició una investigación contra quienes resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible y aseguró que, desde el inicio de las diligencias, atendió ampliamente los requerimientos de información formulados por las autoridades.
No obstante, cuestionó que la Fiscalía haya solicitado y obtenido una orden judicial para allanar su sede principal, pese a que, según indicó, no tenía información pendiente de entregar.
Al respecto, calificó la medida como desproporcionada, aunque manifestó que colaboró con el desarrollo de la diligencia, en respeto de las instituciones y de las normas vigentes.
Asimismo, expresó su preocupación por la filtración continua de información reservada relacionada con el caso, al considerar que esta situación puede afectar la integridad y la imparcialidad de la investigación.
Finalmente, la SBS reafirmó que ha actuado y continúa actuando en cumplimiento de sus funciones y del marco legal vigente.
















