Banco Mundial: Perú tiene leyes avanzadas para las mujeres, pero falla en aplicarlas

En un contexto en el que la igualdad económica entre mujeres y hombres sigue siendo una meta aún lejana, el Banco Mundial presentó la edición 2026 de su informe La mujer, la empresa y el derecho, uno de los estudios más relevantes a nivel global sobre cómo las leyes influyen en las oportunidades económicas de las mujeres. Esta nueva edición marca un punto de inflexión, ya que por primera vez no solo evalúa si existen normas que promueven la igualdad, sino también si realmente se aplican en la práctica. En conversación con Gan@Más, Ana Tribin, economista sénior de La Mujer, la Empresa y el Derecho del Banco Mundial, explica por qué persiste una amplia brecha entre el marco legal y su cumplimiento efectivo, cuáles son los principales retos para América Latina y qué reformas debería priorizar el Perú para cerrar las barreras que aún limitan la participación laboral y económica de las mujeres.

El informe La mujer, la empresa y el derecho muestra que las leyes de igualdad económica para las mujeres se aplican solo a medias. ¿Por qué existe una brecha tan grande entre la ley escrita y su cumplimiento real?

El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho mide los derechos económicos de las mujeres a través de tres dimensiones: marcos legales, marcos de apoyo y percepción de cumplimiento. La brecha entre ellas lo dice todo.

A nivel mundial, los países tienen un promedio de 67 sobre 100 en marcos legales, lo que significa que las mujeres tienen aproximadamente dos tercios de los derechos legales que tienen los hombres. Ningún país del mundo ha adoptado aún todas las leyes necesarias para alcanzar la plena igualdad.

La puntuación cae a 47 en marcos de apoyo: las políticas, instituciones y servicios que los gobiernos deben construir para que esas leyes funcionen en la práctica. Solo existe aproximadamente la mitad de estos mecanismos a nivel mundial. Esta es la brecha de implementación: la ley existe, pero los sistemas necesarios para aplicarla no están.

Esta brecha es especialmente visible en áreas como el cuidado infantil, los derechos de propiedad de las mujeres y las protecciones para la maternidad y paternidad. Muchos países carecen de sistemas básicos de monitoreo, estándares de calidad y datos desagregados por sexo. Por ejemplo, solo el 12% de las economías publican informes sobre la calidad de los servicios de cuidado infantil, y solo el 17% recopilan datos sobre titularidad de propiedades por sexo. Sin esta información, los gobiernos no pueden determinar si sus políticas funcionan ni exigir responsabilidades a las instituciones.

"La brecha de implementación no es un problema legal. Es un problema de recursos y capacidad institucional"

Luego viene otra brecha: el cumplimiento efectivo. Incluso donde existen leyes y sistemas de apoyo, la pregunta es si esos derechos se materializan en la práctica. A nivel mundial, la puntuación de cumplimiento es 53: apenas la mitad de su potencial. El problema no es solo lo que dice la ley, sino si los tribunales la aplican, si los empleadores la cumplen y si las mujeres pueden acceder realmente a la justicia. Los países pueden contar con leyes sobre el papel e instituciones establecidas, y aun así no lograr garantizar esos derechos a las mujeres en la práctica.

Perú ilustra claramente estas brechas. Su puntuación en marcos legales alcanza 88.65, lo que significa que las mujeres tienen casi el 90% de los derechos legales que tienen los hombres, muy por encima del promedio mundial de 66.97. Su puntuación en marcos de apoyo es también relativamente alta, en 71.18, lo que indica que Perú ha construido más capacidad de implementación que muchos países. Sin embargo, la percepción de cumplimiento cae a 59.82.

Un patrón similar se observa en el ámbito laboral. El marco legal en el indicador de Trabajo obtiene 91.75, reflejando sólidas protecciones en el papel. Pero la brecha entre ley y práctica es significativa en dos frentes. En lo legal, la legislación no prohíbe explícitamente la discriminación en el reclutamiento por razón de maternidad o paternidad. En lo institucional, Perú carece de un organismo especializado que reciba denuncias sobre discriminación de género en el empleo. Y en la práctica, el cumplimiento efectivo alcanza apenas 52 sobre 100, expertos legales reportan una aplicación débil a moderada de las leyes contra la discriminación y de las disposiciones sobre trabajo flexible. El resultado es predecible: muchas protecciones existen en el papel, pero su impacto depende de si las instituciones las aplican y monitorean activamente en la práctica.

Solo el 4 % de las mujeres vive en economías con igualdad legal casi plena. ¿Qué distingue a esos países del resto: voluntad política, capacidad institucional o presión social?

Solo 14 economías alcanzan una puntuación de 90 o más en los Marcos Legales de Mujeres, Empresas y el Derecho: Australia, Austria, Bélgica, Croacia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Nueva Zelanda, Portugal, Rumania, Eslovenia y España. En conjunto, representan apenas el 4% de la población femenina mundial.

Lo que distingue a estos países no es un factor único, sino una combinación de instituciones más sólidas, mayores niveles de desarrollo económico y una participación más amplia de las mujeres en la vida económica y política.

Estas economías tienden a contar con sistemas de gobernanza más fuertes y niveles de ingreso más altos. Todas están clasificadas como economías de ingreso alto y obtienen mejores resultados en indicadores como el estado de derecho (The Rule of Law), donde los puntajes promedios alcanzan 0.7, frente a 0.5 en otros países[1].

Las mujeres también participan más activamente en el mercado laboral. La tasa de participación femenina promedia alrededor del 70% en estas economías, frente al 57% en otros países. La representación también importa: las mujeres ocupan aproximadamente un tercio de los escaños parlamentarios en estas economías, frente a alrededor de una cuarta parte en otros países, y tienen mayor presencia en la propiedad empresarial: alrededor del 46% de las empresas reportan mujeres entre sus propietarias, frente al 33% en otros países[2].

Lo que distingue a estas economías, por tanto, no es la voluntad política por sí sola, ni la capacidad institucional por sí sola, ni la presión social por sí sola, sino la manera en que estas fuerzas se refuerzan mutuamente con el tiempo. Para el otro 96% de las mujeres del mundo, el desafío de sus países es completar ese ciclo. Cada economía ya forma parte de él; quienes decidan impulsarlo hasta el final tendrán la oportunidad de liberar el pleno potencial productivo de su población.

En Perú, la participación laboral femenina sigue rezagada y altamente concentrada en la informalidad. ¿Qué reformas deberían priorizarse para revertir esta situación?

Perú cuenta ya con una base legal relativamente sólida para la participación económica de las mujeres, sin embargo, existen cuellos de botella en áreas específicas.

Su puntuación en marcos legales (88.65) se encuentra muy por encima del promedio de América Latina y el Caribe (72.15) y del promedio mundial (66.97). El país tiene puntuaciones perfectas en movilidad, remuneración, cuidado infantil y activos, lo que refleja un alto grado de igualdad legal en el papel.

Sin embargo, persisten algunas brechas: por ejemplo, de acuerdo con del artículo 243(3) del Código Civil, las mujeres deben esperar antes de volver a contraer matrimonio tras la disolución del vínculo conyugal, mientras que los hombres no enfrentan ninguna restricción equivalente. La legislación laboral tampoco prohíbe explícitamente la discriminación en el reclutamiento por razón de maternidad o paternidad.

Perú también tiene un desempeño relativamente bueno en marcos de apoyo, con una puntuación de 71.18 frente al promedio mundial y regional, que se encuentran alrededor de 46. Sin embargo, persisten brechas importantes en áreas específicas, especialmente en cuidado infantil y acceso a propiedad por parte de las mujeres.

A pesar de estos avances, la implementación sigue siendo desigual. La puntuación en percepción de cumplimiento es de 59.82, solo ligeramente por encima de los promedios regionales y mundiales. El cumplimiento es especialmente débil en áreas como el emprendimiento, la seguridad y el cuidado infantil.

Los resultados en el mercado laboral reflejan estos desafíos. La tasa de participación laboral femenina es de 69.6%, frente al 84.6% de los hombres, y las mujeres están desproporcionadamente concentradas en el empleo informal[3]. El costo económico de esta brecha es enorme: la informalidad no solo significa menores ingresos y mayor vulnerabilidad para las mujeres, sino también menor productividad, menor recaudación fiscal y un freno al crecimiento del país.

Tres áreas estructurales explican esta situación y deben abordarse de manera prioritaria

Primero, los sistemas de cuidado infantil. Aunque el marco legal en esta área obtiene una puntuación perfecta de 100, el marco de apoyo es apenas 25, lo que revela importantes brechas en monitoreo, reporte y supervisión institucional. Sin servicios de cuidado confiables y asequibles, muchas mujeres —especialmente en hogares de menores ingresos— se ven obligadas a elegir entre el empleo informal, que se adapta a sus responsabilidades de cuidado, y el empleo formal, que no lo hace. El cuidado infantil no es solo una política social; es una inversión económica directa en la fuerza laboral femenina.

Segundo, el acceso de las mujeres a activos productivos. Aunque la ley peruana reconoce igualdad de derechos para poseer y heredar propiedades, los sistemas que respaldan estos derechos son débiles. La puntuación del marco de apoyo en esta área es solo 12.5, lo que refleja incentivos limitados para registrar propiedades, baja conciencia sobre los derechos de propiedad de las mujeres y ausencia de datos desagregados por sexo sobre titularidad. Esto importa porque los activos registrados son garantía para el crédito formal. Sin acceso a crédito, las mujeres no pueden invertir en negocios, formalizar su actividad económica ni salir de la informalidad.

Tercero, el entorno para el emprendimiento femenino. Perú cuenta con iniciativas de política que apoyan a las mujeres emprendedoras, pero algunas bases legales e institucionales siguen siendo incompletas, lo que limita el alcance e impacto de estos programas.

"La tasa de participación laboral femenina es de 69.6%, frente al 84.6% de los hombres, y las mujeres están desproporcionadamente concentradas en el empleo informal"

Desde la perspectiva del Banco Mundial, ¿qué políticas podrían tener el mayor impacto inmediato para integrar a más mujeres al mercado laboral formal peruano?

La base legal de Perú ya es sólida: 88.65 sobre 100, muy por encima de los promedios regionales y mundiales. La pregunta ya no es qué dice la ley. Es qué ocurre después de que se escribe.

El avance puede provenir del fortalecimiento de los tres pilares: marcos legales, sistemas de apoyo y cumplimiento efectivo.

Primero, cerrar las brechas legales pendientes. Aunque el marco legal para la participación económica de las mujeres es relativamente sólido, persisten algunas desigualdades. Por ejemplo, las mujeres deben esperar un período antes de contraer matrimonio tras un divorcio o disolución del vínculo conyugal, mientras que los hombres no tienen esa restricción. La legislación laboral tampoco prohíbe explícitamente la discriminación en el reclutamiento por razón de maternidad o paternidad. Además, el marco legal no incluye mecanismos como cuotas de género en los directorios corporativos ni disposiciones de compras públicas con enfoque de género, que podrían contribuir a promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas.

Segundo, fortalecer los marcos de apoyo. En el ámbito del cuidado infantil, los pasos inmediatos son de carácter administrativo: crear un registro público de proveedores, exigir informes periódicos sobre la calidad del servicio y establecer procedimientos claros para que los proveedores no estatales accedan a financiamiento público. En materia de activos, la prioridad es la sensibilización y los datos: incentivos para que las mujeres registren propiedades, campañas sobre sus derechos y recopilación sistemática de datos de titularidad desagregados por sexo. Estos son cambios que cuestan relativamente poco y generan retornos significativos, porque los activos registrados desbloquean crédito formal, y el crédito formal es lo que permite a las mujeres invertir, crecer y salir de la informalidad.

Tercero, mejorar el cumplimiento efectivo. En algunas áreas, la legislación existe pero no se aplica de manera consistente. El cumplimiento débil de las protecciones laborales y de las leyes que abordan el acoso sexual y la violencia puede desalentar a las mujeres de ingresar o permanecer en el mercado laboral, especialmente en sectores donde las protecciones laborales son limitadas.

En conjunto, estas no son medidas revolucionarias. Son el último tramo de un camino que Perú en gran medida ya ha recorrido. Completarlo no requiere empezar desde cero: requiere voluntad de terminar lo que ya se comenzó.

—

[1]  Datos obtenidos de World Justice Project (WJP) – Rule of Law Index, 2025.

[2]  Datos obtenidos de World Development Indicators (WDI), 2025, y Enterprise Surveys, 2024. Las tasas de participación en la fuerza laboral corresponden al porcentaje de la población masculina o femenina de entre 15 y 64 años que forma parte de la fuerza laboral.

[3] Datos obtenidos de World Development Indicators (WDI), 2025. Las tasas de participación en la fuerza laboral corresponden al porcentaje de la población masculina o femenina de entre 15 y 64 años que forma parte de la fuerza laboral.