UIF: Riesgo país aumentaría si Perú entra a lista de naciones con fallas en anti-lavado de dinero

En 2017, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) evaluará al Perú sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por este organismo en 2012 en torno a la prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informó Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El GAFI es una entidad intergubernamental que busca fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

“Lo que evaluará esta institución es si las acciones de los países son realmente efectivas o no, si cubren los estándares de las 40 recomendaciones hechas en 2012, si falta tipificar los delitos, si se tienen procedimientos para congelar fondos o mecanismos de sanción, etc.”, explicó Espinosa. Agregó que el número de condenas por estos delitos no necesariamente serán tomadas como acciones eficientes, porque el verdadero problema es el dinero generado por estas organizaciones criminales.

“Creo que las condenas, por sí solas, no funcionan, pues crean una falsa percepción de que se está logrando vencer al crimen, cuando en realidad sigue operando desde prisión porque tiene el dinero para hacerlo. Entendamos que a esta mafia lo que más le duele es el bolsillo”, apuntó durante el Tercer Foro Internacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por Asomif Perú.

Mostrar estadísticas

En ese sentido, Espinosa indicó que lo primero que tendrá que mostrar el Perú son las estadísticas respecto a su labor en contra de estos delitos. “Hay que demostrar que el sistema es eficaz, con condenas, incautaciones, pérdida de dominio, todos los mecanismos para quitarle al crimen sus recursos”, mencionó. No obstante, el funcionario mencionó que el país adolece de estadísticas necesarias para demostrar si su sistema es o no efectivo. “Si no tenemos eso, el resultado de la evaluación será cero”, dijo.

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El representante de la UIF advirtió que una mala evaluación por parte de la GAFI significará un castigo que puede implicar la incorporación del país en una lista de naciones con serias deficiencias en esta materia. “Ecuador y Panamá están trabajando para salir de esta nómina. Estar aquí es costoso para un país, pues afecta la clasificación de riesgo país, afecta la emisión de deuda, las líneas de crédito, porque cuando un país cae en esta lista, no hay sector que se salve”, alertó.

Ante ello, Espinosa informó que se está haciendo una actualización del plan de evaluación nacional de riesgo, cuya primera versión data de 2010, pero que nunca fue hecha pública.

Dijo que otro aspecto es tomar en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigen a los países miembros contar con un procedimiento para congelar los fondos de las personas que figuran en la lista de terroristas que publica dicho consejo. “El Perú no tiene un sistema para eso, hasta ahora no se ha aprobado, esperamos que se haga pronto. El asunto es que el país está incumpliendo un compromiso como Estado miembro de las Naciones Unidas”, manifestó.

Última evaluación

Espinosa recordó que la última evaluación que hizo la GAFI al Perú fue en 2008, antes de que se publicaran las nuevas recomendaciones sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. “Esas recomendaciones son más exigentes. Nuestro informe advertía sobre la elevada informalidad de la economía peruana, la inexistencia de estudios de riesgo sobre los sectores, la falta de regulación de algunas actividades, la falta de acceso a información por el secreto bancario y tributario, poca coordinación interinstitucional, ausencia de un sistema para congelar cuentas, etc.”, comentó.

Sin embargo, el funcionario aseguró que se ha venido avanzando en varios de estos temas y, por ejemplo, ya existe un proyecto para contar con estadísticas que permitan ver la eficiencia del sistema contra dichos delitos. “Evidentemente, la falta de acceso de la UIF a información es un tema pendiente, porque sobre esa base podemos analizar la posibilidad de delitos en el sistema. Algo hemos logrado, pero vamos a seguir dando pelea para tener esta facultad”, aseveró.

Otro elemento pendiente –precisó- es la falta de una supervisión integral para las cooperativas. “Aunque tenemos la facultad de evaluar temas de lavado de activos en estas entidades, cuando pedimos información y no se nos da, a lo mucho podemos poner multas, pero ese castigo está dentro de los riesgos del crimen organizado que seguirá actuando bajo esta fachada”, indicó tras asegurar que cooperativas grandes y serias se han acercado a la UIF para pedir que se les haga una supervisión integral, profunda y profesional.