Moody’s advierte que Perú requiere un nuevo acuerdo para enfrentar los riesgos sociales y políticos

Jaime Reusche, Vicepresidente y Analista Senior de Riesgo Soberano en Moody’s Investors Service, abordó los crecientes desafíos políticos y sociales en el Perú y planteó la necesidad de un nuevo acuerdo para mantener la estabilidad macroeconómica y el panorama crediticio del país. Reusche, en el evento que Moody’s viene desarrollando en un céntrico hotel de Lima, destacó la intensificación de la volatilidad política y la conflictividad social, que están amenazando la estabilidad económica del país.

Una de las preocupaciones centrales de Reusche se centra en la calificación soberana de Perú. Desde el año 2004, cuando el país comenzó con una calificación de grado “Ba” por debajo de la inversión, logró mejorar su posición a nivel “A” entre los años 2006 y 2014. Sin embargo, la calificación se redujo a “Baa1” en 2021 debido al impacto negativo del gobierno de Pedro Castillo. Posteriormente, debido a las protestas y los riesgos políticos y sociales, la perspectiva se volvió negativa a principios del año 2023, manteniendo la calificación en “Baa1”.

Reusche señaló que, a pesar de estos desafíos, Perú aún se posiciona como el segundo país con la mejor calificación crediticia en la región, después de Chile. Esto se atribuye en gran medida a fortalezas clave, como el sólido manejo macroeconómico financiero y la inversión privada, que impulsa la economía generando empleo, consumo y dinamismo.

No obstante, también destacó las debilidades actuales del país, incluyendo las deficiencias en las instituciones políticas y los riesgos sociales que han surgido en el panorama. Además, ciertas limitaciones estructurales que no han sido abordadas han restringido el desempeño económico.

El ecosistema económico de Perú fue abordado por Reusche a través de cinco actores principales. Resaltó cómo la economía informal se nutre de la formal, y dentro de esta, se oculta la economía ilegal. Mientras que el Estado interactúa y recauda impuestos de la economía formal, en el caso de la informal, solo recibe servicios sin recaudación. Además, los riesgos políticos actúan como el quinto actor, y el deterioro de las instituciones políticas internas ha impactado en el empleo y la desaceleración del crecimiento.

En términos de fortaleza fiscal, Reusche resaltó que la deuda pública de Perú es relativamente baja, lo que brinda una posición favorable para enfrentar emergencias y mantener infraestructura y pensiones. No obstante, planteó la pregunta de por qué otros países con menos espacio fiscal tienen más paz social. Señaló que hay espacio fiscal disponible, más que en Chile, debido a la prudencia fiscal ejercida por los tecnócratas para evitar escenarios de crisis similares a los observados en Argentina o Venezuela.

Para abordar estos desafíos, Reusche propuso un nuevo acuerdo que involucra una mayor colaboración entre el sector privado, el Estado y los tecnócratas. Algunas de las ideas sugeridas incluyen la implementación de oficinas de gestión de proyectos, el programa de “Obras por Impuestos”, la evaluación independiente ex-post con la participación de la prensa y el sector privado, y un papel más activo del sector privado en el sostenimiento del modelo económico mediante inversiones en comunidades remotas y en iniciativas de desarrollo.

En última instancia, Reusche enfatizó que los desafíos actuales requieren una respuesta conjunta y colaborativa para mantener la estabilidad y el crecimiento económico en Perú, y que una mayor colaboración entre los diversos actores es esencial para lograrlo.