Mercado de medicinas ilegales mueve US$ 150 millones en Perú

El mercado de medicinas ilegales movería alrededor de 150 millones de dólares en el Perú, lo que representa, aproximadamente, el 10.5% del mercado farmacéutico formal valorizado en unos 1,500 millones de dólares o 5,000 millones de soles, aproximadamente.

Así lo concluye un estudio de Videnza Consultores, encargado por Anacab (Asociación Nacional de Cadena de Boticas), que reconoce, además, que el comercio de medicinas ilegales genera graves daños en la salud, pérdidas económicas para los pacientes y el erario público así como evasión tributaria.

Presentado en el seminario “Análisis del acceso a medicamentos en el Perú”, que organizó la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), el informe advierte que el 55.1% de los casos de medicinas ilegales reportados ante Digemid proviene de establecimientos farmacéuticos, como farmacias, boticas, distribuidoras y laboratorios con prácticas informales.

La investigación “Medicamentos ilegales en el Perú: Diagnóstico de la situación y recomendaciones de política”, que recoge diversos estudios realizados sobre la materia, también concluye que en Lima se ha detectado la mayor cantidad de medicamentos falsificados (34.8% de todos los casos), seguido por La Libertad (17.4%), Junín (17.4%), Loreto (7.7%) y Cajamarca (6.6%).

Del mismo modo, el estudio de Videnza Consultores sostiene que los medicamentos más falsificados fueron los que actúan sobre el sistema nervioso (26.93%), los antibacterianos para uso sistémico (18.97%), los que actúan sobre el sistema genitourinario y hormonas sexuales (18.88%) y los que actúan sobre el tracto alimentario y el metabolismo (17.41%). Respecto a la forma farmacéutica, los comprimidos (43.51%) y los comprimidos recubiertos (27.09%) fueron los más falsificados.

Considerados como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1985, los medicamentos ilegales en el Perú son aquellos que son falsificados, adulterados, robados, de contrabando y que provengan de la venta de muestras médicas. Las causas de su comercialización son múltiples: el limitado acceso de la población a medicamentos, lo que genera que la población desatendida busque alternativas a sus necesidades; una gobernanza débil de la autoridad de medicamentos y falta de trazabilidad del proceso de abastecimiento. A todo ello se añade un contexto de informalidad e impunidad, que favorecen el desarrollo de ese mercado.

Recomendaciones de políticas públicas

Para hacer frente a este comercio ilegal, con graves consecuencias en la salud pública e individual, la doctora Janice Seinfeld, de Videnza Consultores, recomendó que una sola institución del Estado, con capacidad, liderazgo y un equipo de élite, asuma la lucha contra ese flagelo. “Se debe definir un dueño del proceso para la planificación y realización de acciones estratégicas contra el comercio de medicinas ilegales. Habría que analizar la posibilidad de que esta función la asuma Indecopi”, agregó.

Del mismo modo, recomendó aplicar la trazabilidad mediante el estándar de datos para productos farmacéuticos en el sistema de salud, incluyendo a actores públicos y privados, desde su producción hasta que llega a manos del paciente.

La doctora Seinfeld también explicó que es necesario reorganizar y fortalecer la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) como la autoridad nacional encargada de los medicamentos en todo el país.

Enfatizó además que para hacer frente a las dificultades de acceso a los medicamentos, que motiva el comercio de medicinas ilegales, se debería ampliar la oferta formal a los ámbitos urbano marginales y pequeñas ciudades o poblaciones para mejorar la cobertura y el acceso a los medicamentos en el Perú. El sector privado podría jugar un rol importante como aliado.

En su exposición en el seminario “Análisis del acceso a medicamentos en el Perú”, la doctora Seinfeld sostuvo que lo que no debe hacerse es quedarse con los brazos cruzados, mientras cientos de miles de peruanos consumen medicinas ilegales con la esperanza vana de curarse. “Es hora de hacer frente desde la academia, el sector público, el sector privado y la ciudadanía a este negocio ilegal que mata y se enriquece a costa de la vida de miles de personas”, enfatizó.