Instituciones públicas se unen para luchar contra la venta de chips móviles en la vía pública

La seguridad de los habitantes del país está amenazada por actos delictivos como el robo de celulares, fraudes cibernéticos y comercialización indebida de líneas móviles como la venta de chips en la vía pública, advierte un comunicado conjunto del Ministerio del Interior, Ministerio Público, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Empresas operadoras tenían más de 4 mil servicios móviles vinculados a delitos registrados

Al respecto, las instituciones del Estado firmantes, manifiestan lo siguiente:

1. La seguridad de las familias en el país es un compromiso de todos y además una obligación inherente a las empresas operadoras de servicios móviles como parte de sus políticas de sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno corporativo.

2. La venta de chips móviles en la vía pública -prohibida normativamente- es una modalidad comercial vinculada con la informalidad que puede generar múltiples oportunidades en favor de la delincuencia.

3. Los ciudadanos que contratan líneas móviles ambulatoriamente entregan su huella digital a un desconocido en la calle y corren el riesgo del robo de su identidad en transacciones que, al carecer de control y fiscalización oficial, pueden derivar en acciones delictivas y de organización criminal.

4. En el marco de la seguridad ciudadana es necesario contratar solo de manera formal los servicios de telefonía móvil.

5. El Estado -como titular de los servicios de telecomunicaciones- establece la fiscalización debida sobre su utilización por parte de las empresas usuarias. Por ello, el bienestar social y la seguridad ciudadana demandan estándares de calidad y cumplimiento de las normas vigentes.

“Saludamos la iniciativa del Congreso de la República, a través de la Comisión de Defensa del Consumidor, de sumarse a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, a través de un proyecto de ley referido a brindar protección integral a los ciudadanos con el cese de la venta ambulatoria de chips móviles y sancionando además a los responsables. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por la construcción de una mejor sociedad en línea con los propósitos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con respeto a la ley y el orden interno. La seguridad de las familias del Perú es primero”, finaliza el comunicado.