Impulso al factoring: Entidades públicas estarán obligadas a las facturas negociables

Uno de los aspectos que refleja la baja calidad de la gestión financiera al interior de las MIPYME en el Perú es la escasa adopción y penetración en dicho segmento de instrumentos financieros alternativos al crédito tales como el factoring, leasing y microseguros, lo señala el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 (PNCP), publicado por el Gobierno.

En efecto, pese a que estos tipos de productos ofrecen múltiples beneficios como el anticipo de pago de facturas o ventas al crédito, la renovación de activos con mayor flexibilidad y rapidez, e incluso la reducción de riesgos operativos imprevistos, sus niveles de profundización en el tejido productivo del país son aún pequeños en comparación a otros países, reconoce el documento.

Refiere que por ejemplo, según el Global Financial Development Database del Banco Mundial, mientras que el factoring como porcentaje del PBI en el Perú representó 2.7% en promedio durante el periodo 2010 – 2017, este ratio fue de 11.4% en el caso de países de la región como Chile y de 14.2% en el caso de países avanzados como el Reino Unido. Asimismo, de acuerdo con información de ASBANC, hacia fines del 2016 sólo el 3.4% de las operaciones de arrendamiento financiero se canalizaron a las PYME.

Para atender esta problemática, el PNCP plantea como una medida de política la adecuaciones normativas, técnicas y tributarias para una mayor penetración de estos instrumentos financieros en los segmentos empresariales de menor tamaño. La medida comprende acciones específicas en tres ámbitos: i) factoring, ii) leasing, y iii) microseguros.

Factoring

En el caso del factoring, para otorgar continuidad a las reformas iniciadas en el 2015, se propone una
medida de política que busca utilizar al Estado, en su rol de demandante de bienes y servicios, como promotor del factoring entre los proveedores del sector público.

La propuesta consiste en la adecuación normativa para la obligatoriedad de emisión de facturas negociables en las entidades públicas en los diferentes niveles de gobierno. Actualmente, la emisión de la factura negociable es obligatoria en el ámbito público y privado, pero no todas las entidades públicas cuentan con las directivas o marco legal necesario para cumplir con dicho propósito. Las adecuaciones normativas para la emisión de la factura negociable serán parte de un proceso gradual, que atenderá en el corto plazo a las entidades del Gobierno Nacional, para posteriormente en el mediano plazo difundir esta facilidad entre los proveedores de bienes y servicios tanto de Gobiernos Regionales como de Gobiernos Locales. El resultado al que se apunta es la dotación de mayores fuentes de liquidez y capital de trabajo a los proveedores de bienes y servicios del Estado, lo que favorecerá a sus niveles de eficiencia y productividad.

Leasing

En relación al leasing, se plantea la modificación del marco legal para impulsar la expansión de la oferta de instituciones que brindan servicios de arrendamiento financiero con la finalidad de atender a los segmentos empresariales que más requieren de este tipo de servicios.

Estas acciones posteriormente involucrarán la emisión de un instrumento normativo que permitirá el ingreso al mercado de empresas no reguladas al mercado de leasing, emulando la estrategia utilizada en años previos en el caso del factoring.

Microseguros

En el caso de los microseguros, la propuesta involucra una evaluación del mercado para identificar aquellos aspectos de demanda que dificultan su mayor adopción en los segmentos empresariales de menor tamaño. A partir de este, se realizará propuestas normativas o técnicas que permitan incrementar la comercialización de estos productos. La finalidad de esta medida consiste en dotar de mayor liquidez este mercado y aumentar la profundización de este producto hacia los segmentos empresariales donde su uso es aun limitado.