EY Perú: Más de 700 resoluciones en materia de fiscalización laboral se han emitido en lo que va del 2023

Desde inicios del 2021, se han emitido un promedio de 90 resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) por mes, sumando un total de más de 2,600 en los últimos tres años. Estos números vienen experimentado un notable aumento en comparación con años anteriores, con 657 resoluciones en 2021 y 1,241 en 2022, y un continuo aumento en 2023 con más de 750 resoluciones hasta la fecha.

“Las materias más recurrentes por las que las empresas suelen ser sancionadas son el incumplimiento de medidas de requerimiento (28%) y el incumplimiento de requerimiento de información (24%), lo cual sugiere que el sistema actual prioriza la sanción por la afectación a la labor inspectiva por encima del incumplimiento laboral, lo que implica que se sanciona más cuando se afecta la labor del inspector que cuando no se cumplen los derechos del trabajador”, señala Jaime Cuzquén, Associate Partner del Área Laboral de EY Perú.

Otras resoluciones contienen incumplimientos relacionados con el uso de la casilla electrónica (15%). Y, en menor medida, por accidentes de trabajo (6%) e incumplimientos relacionados con el otorgamiento de vacaciones (4%), la implementación de medidas de prevención (4%), registros de asistencia (3%) y discriminación salarial (2%). En cuanto a los sectores económicos con más resoluciones emitidas, el Estado lidera la lista con el 14% del total, lo cual indicaría que existe una alta cantidad de fiscalizaciones laborales en este sector. Le siguen en la cola el sector Transportes, Construcción y Minería, todos con un porcentaje de 8%.

“El Tribunal de Fiscalización Laboral, al ser la última instancia a nivel administrativo, constituye una fuente importante de precedentes vinculantes en diversas materias, entre las que se incluyen jornadas atípicas, discriminación salarial, accidentes de trabajo, extensión de convenios colectivos, horas extras, supervisión de seguridad y salud en el trabajo, protección de la madre gestante, entre otros”, agrega Cuzquén.

Entre las principales afectaciones a los derechos de los empleadores dentro del procedimiento, figuran la falta de una adecuada motivación en las resoluciones, el incumplimiento de plazos por parte de la autoridad, la inadecuada tipificación de las infracciones, la falta de razonabilidad en la facultad sancionadora y el exceso de punición.

Por otro lado, la aplicación de las garantías del debido procedimiento por parte del TFL ha demostrado que, en las fiscalizaciones existen afectaciones a los derechos de las empresas inspeccionadas; y ello explica que aproximadamente el 34% de las resoluciones dan por lo menos, parcialmente, la razón a las empresas inspeccionadas. Ello, tomando en cuenta el análisis que se ha realizado al sentido del resultado del recurso de revisión ante el TFL.

En línea con ello, Cuzquén explica que, frente a estas afectaciones es a través del recurso de revisión presentado, y por el que se accede al TFL, por donde existe mayor posibilidad de garantizar esos derechos.

“Es necesario que las instancias inferiores al Tribunal de Fiscalización Laboral se alineen a los criterios de protección al debido procedimiento que ha establecido este. La limitada capacitación de los inspectores en temas sustantivos y de debido proceso, la excesiva carga de trabajo y los plazos extremadamente cortos para investigar asuntos tan complejos o para pedir información son las principales causas de la afectación de los derechos de las empresas”, finaliza Cuzquén.