El impuesto sobre el juego online y las apuestas deportivas recaudará US$ 40 millones en Perú

Perú finalmente ha promulgado una ley que regulará, bajo un paraguas legislativo acorde con la situación actual del juego, las apuestas deportivas y el juego de azar en línea. El Gobierno dió luz verde al proyecto de ley que introduce una tasa impositiva del 12% aplicada sobre la renta neta y que, según las estimaciones, podrá dejar un total de 40 millones de dólares anuales a las arcas públicas.

Esta ley surge a raíz del potente impulso que ha experimentado en los últimos años la industria del juego en latinoamérica y que ha encontrado, en el mercado peruano, un fuerte aliado. Los años más duros de la pandemia trajeron consigo el cierre de la mayoría de los locales de juego físicos por tratarse de establecimientos no esenciales. De este modo, el sector tuvo que reinventarse buscando nuevos nichos de negocio y los encontró en el ecosistema web.

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Implementación de la ley del juego online en Perú

El presidente peruano, Pedro Castillo, en relación con la nueva ley del juego en línea, subrayó que “por primera vez se crea un impuesto especial” a la actividad de juegos de azar y apuestas deportivas online, algo que le permitirá al país sudamericano “generar una recaudación anual de aproximadamente 40 millones de dólares para el Estado”.

Así, en un acto realizado en Palacio de Gobierno, Castillo firmó el nuevo proyecto de ley para regular el juego online y las apuestas deportivas y afirmó que el nuevo marco legislativo permitirá que Perú “tenga más recursos para cumplir con sus obligaciones económicas y sociales”.

Los beneficios recogidos de la nueva tasa impositiva sobre el juego irán a parar a partes iguales al Ministerio de Salud, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) -organismo que ya informó en el verano de los grandes ingresos que aportan los casinos y las máquinas tragamonedas– y al Instituto Peruano del Deporte, mientras que el 20% irá también al erario público.

Según señala el presidente peruano, esto “representa un paso importante hacia la formalización de actividades que hasta hoy habían operado sin ningún tipo de regulación o supervisión”.

Además, hizo hincapié en el trabajo conjunto del Ejecutivo y el Legislativo para impulsar “el crecimiento y desarrollo en beneficio de todos los ciudadanos”.

“El Ejecutivo y el Congreso han coincidido en la necesidad de establecer un marco regulatorio para que estas operaciones sean controladas de manera integral, pagando impuestos y cumpliendo las condiciones correspondientes”.