El 60% de la población considera que la inseguridad se incrementó

15:28 14 Octubre, 2014

La seguridad es un factor determinante del bienestar de los ciudadanos de América Latina, pues el 60% de la población considera que la inseguridad se incrementó en los últimos cinco años y el 24% de las familias de la región lo identifica como el principal problema que afecta su calidad de vida, por encima del desempleo, la inflación o servicios básicos, lo sostiene la décima edición del Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2014) de CAF -banco de desarrollo de América Latina.

El informe fue presentado ante un grupo de expertos con el objetivo de plantear un enfoque para el análisis del tema de seguridad, ser un aporte a la comprensión de la problemática, abrir espacios de reflexión sobre un problema que afecta a los países de la región, entre ellos el Perú, así como generar un  debate para el diseño y la implementación de mejores políticas públicas en el área de seguridad.

La publicación propone un enfoque donde la ocurrencia del crimen surge de la interacción de dos elementos: individuos con una determinada inclinación a cometer ilícitos y situaciones que afectan las oportunidades para delinquir.

Eleonora Silva Pardo, directora representante de CAF en Perú, sostuvo que es necesario tener una visión integral de la prevención del delito, con intervenciones oportunas y de calidad en cada etapa del ciclo de vida de las personas.

Por ello -agregó- el RED 2014 recomienda, además de mejoras al sistema de justicia criminal,  la implementación de programas de estimulación temprana y otros tendientes a reforzar las habilidades socioemocionales a lo largo de la vida del ser humano que, sumadas a una educación de calidad, son pilares fundamentales para un crecimiento sostenido, equitativo y con una mayor seguridad ciudadana.

El reporte también plantea distintas herramientas para la prevención situacional del delito, haciendo hincapié en intervenciones sobre el espacio físico y el entorno social que se focalicen en las denominadas “zonas calientes” de crimen.

La investigación sugiere que toda estrategia que esté enfocada en la ciudadanía debe tener una mirada incluyente tanto de las víctimas como de los victimarios. Además, debe estar asociada con formas democráticas de convivencia, participación política e institucional que fomente una mayor confianza entre los ciudadanos y las autoridades.

Silva Pardo advirtió que para planear, diseñar e implementar estas diversas intervenciones se requiere como un primer paso básico no sólo generar estadísticas confiables de la incidencia del delito. También es importante que las iniciativas de política pública  sean sujetas a monitoreo y evaluaciones para conocer sus impactos, y generar capacidades institucionales para mejorar la toma de decisiones y su implementación efectiva. Este aprendizaje –agregó- es esencial cuando se trata de fenómenos con múltiples determinantes, y donde los resultados de las acciones pueden ser muy específicos al contexto situacional donde las políticas se aplican.

“Adicionalmente, en este proceso de generación de estadísticas, diseño, implementación y evaluación de políticas es muy relevante fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos. Estas capacidades no aparecen en el vacío, sino de decisiones políticas de priorizar estos temas, lo cual depende de que los ciudadanos —a través de su voto y participación— presionen a sus representantes. Además de la decisión política, se requiere de burocracias públicas debidamente entrenadas,  con incentivos y recursos para la acción efectiva”, concluyó.

Comparte en:

Vea también