Comex: Reforma del Servicio Civil debe ser política nacional que trascienda al actual Gobierno

Actualmente, en el Estado peruano laboran alrededor de 1.4 millones de servidores públicos y, cada año, esta cifra se incrementa en más de 50,000 nuevos trabajadores, lo que implica un aumento de la planilla pública de aproximadamente S/. 1,000 millones, según estudios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Sin duda, esto representa un gasto no menor para el país, por lo que cabe preguntarnos ¿qué tanto aporta este aumento de empleados públicos a la formación de un aparato estatal competente? ¿Cómo logramos desarrollar capital humano calificado que sirva con calidad a la ciudadanía?, se pregunta Comex Perú en su último Semanario.

Señala que desde la aprobación de la Ley del Servicio Civil en 2013, se ha avanzado de forma sustancial en la materia, especialmente en el marco legal y normativo; no obstante, el país aún enfrenta grandes desafíos, pues necesita concretar los planes y metodologías elaborados, de tal manera que se logren resultados tangibles que consoliden un Estado realmente eficiente.

De acuerdo con el diagnóstico realizado el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pese a que los cinco índices de calidad del servicio civil mostraban avances con respecto a lo logrado en 2011, existen notables diferencias en la intensidad de cada uno de ellos. Mientras que los índices de eficiencia (40 puntos sobre 100) y de consistencia estructural (48) aumentaron 15 puntos, debido principalmente a un mayor afianzamiento del área rectora general, la poca capacidad de las instituciones para influir positivamente en el comportamiento de los empleados públicos se vio reflejada en la menor intensidad del avance del índice de capacidad funcional (37), que solo aumentó 8 puntos.

Específicamente, en cuanto a la capacidad funcional de las entidades, se llevaron a cabo algunos progresos en términos de competencia, como la promoción de una mayor tecnificación de los servidores públicos. De esta manera, según cifras de Servir, un 36% de los hombres y un 50% de las mujeres que se desempeñan en la administración pública alcanzan un nivel educativo universitario, lo que significó una expansión de aproximadamente el 16% con respecto a 2004. Asimismo, se han comenzado a sentar las bases de una política de estímulos a la productividad, para desarrollar la nueva carrera administrativa y un seguimiento del rendimiento.

Sin embargo, Comex subraya que “es preocupante que la estructura de retribuciones no sea lo suficientemente atractiva para captar y, más importante, retener a las personas dotadas de las competencias necesarias para los puestos que las entidades requieren. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en 2014, la diferencia del salario promedio privado con el público era de S/. 4,085, pero cabe recalcar que esta brecha aumenta a medida que se comparan cargos de mayor jerarquía. Esto debido a que los salarios son altamente competitivos para los niveles operativos, pero para los niveles directivos estos se encuentran bastante por debajo de los ofrecidos en el sector privado. Es decir, los límites remunerativos existentes en el sector público provocan que, a medida que el trabajador escala posiciones, sus incentivos para permanecer en el sector público disminuyan”.

Del plan a la implementación

El proceso de adecuación de las entidades públicas a la nueva ley ha sido desigual entre los diferentes niveles de Gobierno. De acuerdo con cifras de Servir, hacia mayo de 2015, se encontraban en proceso de tránsito 121 instituciones, de las cuales 87 correspondían al nivel nacional, 6 al regional y 28 al municipal, lo que representaba un 72%, un 27% y un 2% del total de entidades en cada uno de esos niveles, respectivamente.

Se debe tener en cuenta que existe una gran heterogeneidad en las diferentes instituciones del Estado, no solo por su variada naturaleza funcional, sino por las distintas capacidades con las que cuenta cada una de ellas para implementar de forma efectiva el modelo integral de gestión planteado por la nueva normativa. Por esta razón, resulta crucial comprender estas diferencias durante los procesos de implementación y fortalecer las competencias de cada una de las instituciones, más aún si sabemos que son estas las responsables de gestionar los concursos de ingreso, la progresión de la carrera administrativa y la gestión del rendimiento, sostiene el Semanario.

Para Comex, en general, el sistema público no ha registrado un cambio sustancial en cuanto a flexibilidad, entendida como el grado en que dichas políticas y prácticas facilitan la adaptación de las organizaciones públicas a los cambios y la puesta en marcha de innovaciones.

“Es por esta razón que el reto está en aligerar las rigidices que hasta hoy ha presentado la gestión de trabajadores públicos. Si bien –luego de años de múltiples intentos por reformar el servicio civil– el país ya logró sentar las bases normativas para mejorar la competencia de las entidades públicas, lo que constituye una de las principales reformas que deja este Gobierno, el camino que queda por recorrer es aun más importante. Ahora viene la implementación. Esperemos que se creen los incentivos necesarios para generar un servicio civil de calidad, y que esta vez no todo se quede en el papel. Invocamos a las autoridades para que esta reforma constituya una política nacional que trascienda al presente Gobierno. Nuestro país lo merece”, finaliza el gremio.