CCL: Es el momento de retomar una “segunda ola de privatizaciones”

Como parte de la reforma y modernización del Estado y por la probable existencia de sobreposiciones en sus funciones, se considera pertinente que de las 6438 entidades del sector público se evalúe a 4360 (67,7%) de ellas, las que se dedican a actividades de la administración pública en general para precisar posibles fusiones y eventualmente prescindir de algunas, afirmó la Cámara de Comercio de Lima -CCL.

“La ausencia de avances concretos en la gestión administrativa se evidencia en los excesivos y complejos procesos, trámites, trabas y costos que enfrentan los agentes económicos ante las instituciones públicas”, César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

La gran mayoría de las entidades públicas se concentran en las regiones de Lima (450), La Libertad (157), Áncash (144), Piura (121), San Martín (114) y Puno (108).

Asimismo, el Instituto considera que es el momento de retomar una “segunda ola de privatizaciones”, determinando cuales y en qué tiempo deben pasar al sector privado.

“Cuando las empresas públicas tienen un limitado presupuesto para las inversiones complica su gestión, su eficacia, lo que por ejemplo hace lento el avance en el cierre de la brecha de infraestructura”, comentó César Peñaranda.

Precisó que en dicho proceso de privatización podrían participar empresas del sector saneamiento, infraestructura e hidrocarburos, entre otras.

Cabe recordar que entre 1991 y 1998 se dio la primera ola de privatizaciones que logró recaudar un monto aproximado de 7720 millones de dólares y generar compromisos de inversión de alrededor de 7900 millones de dólares.

Por otro lado, el IEDEP señala que el mecanismo de exigir a las empresas estatales de listar o cotizar en la bolsa de valores bajo un esquema de gobierno corporativo, son insuficientes para frenar el manejo de las empresas, si toma en cuenta la experiencia internacional.

“Las mayores empresas latinoamericanas como Petrobras (Brasil), Pemex (México) y PDVSA (Venezuela), todas en manos del Estado, enfrentan problemas de corrupción incluso a pesar que las dos primeras cotizan parte de su capital accionario en la Bolsa de Valores”, anotó.