Casi el 60% del empleo formal en el Perú depende de las grandes empresas, afirma estudio de Axpen

Un informe difundido por AXPEN, la alianza estratégica entre Vinatea & Toyama y APOYO Consultoría, revela el importante papel de la gran empresa como motor del empleo formal en el país: El 57% del empleo formal privado en Perú se concentra en unas 4 mil grandes empresas, las mismas que albergan a un total de 2 millones 225 mil trabajadores formales, quienes tienen una capacidad adquisitiva mayor, siendo su remuneración promedio de S/. 3,010 mensuales, frente a los S/. 2,070 de otros trabajadores formales y de S/. 931 de los trabajadores informales.

En conferencia de prensa de lanzamiento del primer informe de AXPEN denominado: “La Gran Empresas como motor del empleo: Retos y Propuestas”, se reveló también que en la última década, 6 de cada 10 empleos formales se crearon en este tipo de grandes empresas. Asimismo, se destacó que este sector contribuye con el 80% del valor agregado en la economía y el 78% de la recaudación fiscal.

El informe sostiene que los trabajadores de las grandes empresas reciben una mayor protección social, siendo que el 100% de trabajadores de estas empresas están afiliados a un sistema de pensiones y a un seguro de salud distinto al SIS, en comparación con el 22% y 5% de los informales, respectivamente. “Los trabajadores formales en grandes empresas gozan de una estabilidad de ingresos significativamente mayor y una menor probabilidad de caer en la pobreza”, indica el informe.

Asimismo, las regiones en donde más ha crecido el empleo formal impulsado por la contratación en grandes empresas, tales como Lambayeque, Moquegua y Pasco, han visto una mejora en su calidad de vida y un crecimiento de la clase media.

Otro dato importante es que el 88% de las empresas top 100 de empresas de mejor reputación en el Perú, según el ranking Merco 2023, son grandes empleadores. Y casi 7 de cada 10 empresas de ese grupo, tienen una organización sindical.

Regulación Laboral

En cuanto a la regulación laboral, el informe de AXPEN sostiene que las normas laborales son muy complejas y dispersas (hay más de 1900 páginas de regulación laboral) lo cual dificulta el crecimiento y desarrollo del empleo formal. Asimismo, señalan que la regulación es rígida para la contratación y desvinculación. “No es tripartita ni consensuada y tienen un nivel de desactualización de 20 años, sin tener respuestas a las necesidades de transformación e innovación actuales”, puntualiza el informe.

En cuanto a los niveles de sindicalización, el informe señala que la sindicalización y sus efectos se concentra en mayor medida en los grandes empleadores. “En todos los sectores el impacto sindical es significativamente mayor en este segmento”, puntualiza, tras señalar que las empresas de más de 500 trabajadores en electricidad, gas y agua, tienen el mayor porcentaje de trabajadores sindicalizados, seguido de la construcción y la minería e hidrocarburos.

Propuestas al Estado

AXPEN plantea priorizar cambios regulatorios que hagan más flexible la regulación, por ejemplo, facilitando procesos de contratación y despido, brindar facilidades para contratos temporales, reducir costos no salariales, de acuerdo con las recomendaciones de la OECD. Asimismo, sugieren implementar medidas que incentiven la capacitación de los trabajadores en las habilidades más demandadas por las empresas, que incrementen su productividad.

Otro aspecto del informe se refiere a replantear el rol de la SUNAFIL, orientándola a la formalización de las empresas. En tal sentido, plantean orientar la fiscalización hacia un enfoque de prevención y gestión de riesgos, en lugar de un enfoque punitivo. “Priorizar la fiscalización e intervención en los trabajadores más desprotegidos, en lugar de empresas que ya están avanzadas en el proceso de formalización”, puntualiza el informe.

Asimismo, AXPEN considera que se debe garantizar que los futuros cambios a la regulación laboral sigan el debido proceso de consulta previa y que pasen por el Consejo Nacional de Trabajo. “Esto, con la finalidad de lograr consensos entre trabajadores, empleadores y el Gobierno para evitar aprobar normas que desincentiven la contratación formal”, puntualizan.

En la conferencia de prensa participaron Jorge Toyama, experto laboralista y socio de Vinatea & Toyama, y José Carlos Saavedra, socio y economista principal de APOYO Consultoría.