BCRP: Empresas aún se resisten a cumplir estándares mínimos de gobierno corporativo

08:06 6 Enero, 2020

El problema de gobierno corporativo de las empresas sigue siendo una limitante estructural para el desarrollo del mercado de acciones en particular y del mercado de valores en general. De acuerdo con el Banco Mundial, la estructura corporativa del país, que se caracteriza por empresas familiares renuentes a abrir su capital a terceros y someterse al régimen de gobierno corporativo, dificulta cumplir con el perfil que se requiere para acceder al mercado de valores. Esto conlleva a la preferencia de las empresas (inclusive a aquellas que reunirían más fácilmente las condiciones para emitir en el mercado de acciones) por el financiamiento a través de préstamos bancarios y/o emisiones de deuda en el mercado de capitales, limitando así el crecimiento del mercado de acciones, subraya el Banco Centra de Reserva del Perú.

 

El BCRP sostiene que uno de los factores que limita el financiamiento de las empresas a través del mercado de valores está relacionado a la falta de cumplimiento de estándares mínimos de gobierno corporativo. Si bien las empresas peruanas no están obligadas a cumplir un estándar mínimo de gobierno corporativo, la SMV señala los principios de buen gobierno corporativo que deberían adoptar. El objetivo de estos principios es acrecentar una verdadera cultura de buen gobierno que promueva el desarrollo empresarial y mejore la percepción por parte de los inversionistas.

Las empresas que están inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores están obligadas a reportar su información financiera, su Memoria Anual y el Reporte Sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. Ello puede desincentivar a que algunas empresas opten por el mercado de capitales a través de ofertas públicas, ya que estas preferirían no revelar su información financiera o su memoria anual para que sus competidores no accedan a estos, refiere el BCRP.

Los requisitos de transparentar la información al público sería un factor por el cual las empresas opten por financiarse con préstamos bancarios o a través de la emisión de bonos de oferta privada (en el mecanismo por oferta privada, la información no se encuentra disponible al público, ya que el emisor brinda la información de forma directa a los inversionistas participantes). Sobre esto último, si bien no existen estadísticas publicadas, el Banco Mundial estima que dichas emisiones representan tres veces el tamaño del mercado de las emisiones por oferta pública y son adquiridas por algunos inversionistas institucionales (empresas de seguros, family offices, fondos de inversión, entre otros).

Los esfuerzos por contar con información financiera de empresas con potencial para obtener financiamiento en el mercado de capitales local han tenido resistencia por parte de algunas de ellas. Por ejemplo, en 2011, para incentivar el ingreso de nuevas empresas al mercado de capitales, se dispuso que las sociedades cuyos ingresos anuales por venta o activos totales superiores a 3 mil Unidades Impositivas Tributarias (S/ 10 millones) debían remitir sus estados financieros auditados a la SMV con el objetivo de generar una central de balances (artículo 5 de la Ley N° 29720).

Esta disposición era positiva, ya que buscaba que las empresas se hagan conocidas en el mercado de capitales, con lo que se facilita la búsqueda de financiamiento de acuerdo a sus necesidades y proyectos. Sin embargo, un grupo de empresas presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el referido artículo, la cual se declaró fundada mediante sentencia del año 2016, por lo que la central de balances ya no se encuentra vigente. En el caso de las empresas con valores listados en la BVL, no existe un estándar de requerimiento de divulgación de información sobre la situación financiera de las empresas y/o notas a los estados financieros, lo que dificulta la comparación y análisis de las empresas. Esto involucra un mayor costo en el proceso de análisis de las inversiones, lo que complica la participación de los inversionistas minoristas, agrega un informe del ente emisor.

En los últimos años se han tomado medidas para promover el gobierno corporativo de las empresas. Así, en el año 2018, la BVL, CAVALI y la SMV acordaron reducir sus comisiones en 90% para las acciones que conforman el índice bursátil de empresas con buen gobierno corporativo (IBGC). Sin embargo, a la fecha se observa un número reducido de empresas en dicho índice (En la actualidad 10 empresas forman este índice: Alicorp, BBVA Perú, Cementos Pacasmayo, Compañía de Minas Buenaventura, Credicorp, Engie Energía Perú, Ferreycorp, InRetail Perú Corp, Intercorp Financial Services y Rimac Seguros; y concentran el 60% del monto negociado de la BVL). Asimismo, desde el 1 de enero de 2019, es obligatorio que las empresas con acciones con derecho a voto inscritas en el RPMV, requieran de la aprobación del directorio para realizar transacciones entre partes vinculadas, para salvaguardar los intereses de los inversionistas minoristas.

De lo anterior, es importante que los accionistas propietarios y controladores mejoren el gobierno
corporativo de sus empresas y superen la reticencia a revelar información financiera y los hechos de importancia del negocio al mercado. Así, deben considerar que, al mejorar la transparencia de la información al público y cumplir altos estándares de gobierno corporativo, se incrementa el valor de mercado de la empresa y con ello se reduce el costo de financiamiento, además de potenciar las posibilidades de crecimiento, finaliza el BCRP.

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