Una empresas retail destruye al año S/. 45 millones en alimentos por estar vencidos o mal envasados

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria se define como la situación en la que los miembros de un hogar disponen, de manera sostenida, de la cantidad de alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir las necesidades que le permitan llevar una vida sana y activa.

Tomando en cuenta que la alimentación es uno de los principales factores que incide en la nutrición y en la salud y, por tanto, en la educación y el nivel de vulnerabilidad de cualquier individuo, ésta resulta de vital importancia para avanzar también en esta dirección, subraya ComexPerú.

En línea con ello, The Economist elaboró un Índice de Seguridad Alimentaria que analiza precisamente esta situación para un total de 109 países. Así, en la edición 2015, el Perú se encontró prácticamente a la mitad de la tabla –no tan mal como podríamos pensar– al colocarse en el puesto 54 del ranking, con un puntaje de 58.6 sobre 100, aunque por debajo de países como Chile (puesto 27), Uruguay (32), Brasil (36), Argentina (37) y otros de la región.

El boletín de Comex agrega que dentro de los hallazgos más importantes de esta evaluación, se observa que tenemos un insuficiente nivel de suministro de alimentos (medido en kcal per cápita por día) y de ayuda alimentaria, indicador en el que nos encontramos nada menos que 10.4 puntos porcentuales por debajo del promedio mundial.

Además, uno de los puntos más críticos se encontró en lo referido a la pérdida de alimentos. De acuerdo con el documento elaborado por The Economist, en Perú, la pérdida total de alimentos, como porcentaje de la oferta interna, asciende al 8.7% –por encima del promedio mundial, de 5.4%–. Este resultado, aunque a simple vista podría no parecer tan alarmante, nos coloca como el décimo segundo país con mayor pérdida de alimentos del ranking mundial1 y el primero del ranking regional.

Si tomamos en cuenta que 2.3 millones de peruanos sufren de subalimentación (de acuerdo con la FAO), 7 millones se encuentran bajo la línea de pobreza y alrededor de 500,000 niños sufren de desnutrición crónica, resulta absurdo que se boten o destruyan toneladas de alimentos (al perder su valor comercial; es decir, por tener una fecha de vencimiento próxima, errores de envasado, ser excedentes de producción, o porque no cumplen ciertas especificaciones de las empresas), a pesar de encontrarse en buen estado. Así, en promedio, una empresa del sector retail destruiría anualmente el equivalente a S/. 45 millones en alimentos, producto de la pérdida de su valor comercial.

¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué no existe una política correcta de donación de alimentos a pesar de las circunstancias? La respuesta es simple y vergonzosa: destruir (o botar) los productos alimenticios perecibles o no perecibles, bajo el tratamiento de merma o desmedro, resulta mucho menos complicado y caro, para efectos tributarios, que donarlos.

Trabas y regulaciones

Sí, las innumerables trabas y regulaciones impuestas por el propio Estado generan que las empresas prefieran destruir los alimentos, bajo el marco normativo aplicable, que darles un uso más eficiente para la sociedad, como donarlos. El problema comienza en la regulación tributaria aplicable a las donaciones (prevista en el artículo 37, inciso x, del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta), la cual indica que son deducibles, para efectos de determinar la renta neta, los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades sin fines de lucro o dependencias del sector público nacional, siempre que estas no excedan del 10% de la renta neta de tercera categoría.

Esto quiere decir que si la donación excede el límite mencionado, este excedente será materia de reparo y, por ende, se incorporará en la determinación de la renta neta, generando el pago del respectivo impuesto. Algo parecido sucede con el Impuesto General a las Ventas (IGV), que grava todas las fases del proceso de producción y distribución, pero que, por su propia naturaleza, se traslada en su totalidad al consumidor final. En este caso, al ser una donación, el consumidor final no paga ningún precio por el producto y, por tanto, tampoco un IGV, por lo que las empresas deben asumir este impuesto (que se genera en la compra de sus insumos), sin la posibilidad de obtener un reintegro del mismo por parte de la Sunat, explica Comex.

De esta manera, las empresas terminan pagando más impuestos por donar alimentos a quienes lo necesitan. ¿No debería ser un acto como este más fácil y menos costoso de realizar? ¿Cómo es que ningún Gobierno ha podido partir de algo tan sencillo como lo es generar un marco regulatorio adecuado, simple y claro para que las empresas puedan donar lo que, como ahora, vienen destruyendo, sobre todo frente al hecho que año tras año debemos afrontar diferentes adversidades climáticas, como sismos, heladas, friajes, inundaciones, fenómenos de El Niño, etc.?

Para ello existe, como en la mayoría de países de la región (e incluso del mundo), un denominado “Banco de alimentos”. El Banco de alimentos peruano es una organización sin fines de lucro que actúa como intermediario entre los productores, comercializadores y distribuidores de alimentos, y las personas que padecen inseguridad alimentaria. Así, aunque nueva, esta institución podría encargarse de trasladar estos productos que hoy se destruyen o se desperdician en el sector retail a personas que lo necesitan.

Pero para ello es necesario un cambio normativo que facilite la donación de alimentos y, sobre todo, una mayor disposición del Gobierno por destrabar temas tan sencillos como este, que generan increíbles beneficios para la sociedad. Propuesta servida para el mensaje del 28 de julio, finaliza Comex.