Perú tiene mejor calificación que Colombia para la inversión minera, pero menor a la de Chile y México

El BCR en su Reporte de Inflación de Mayo presenta un interesante informe sobre los avances en la competitividad minera de nuestro país con nuestros vecinos y el resto del mundo.

Refiere que el Índice de Competitividad Minera del Instituto Fraser es un indicador que mide el atractivo que posee una jurisdicción económica (sea ésta una región o un país) para atraer inversión en minería. El índice parte de la premisa que para atraer inversión es necesario que exista la riqueza mineral y que además el marco regulatorio otorgue facilidades para la extracción del recurso. Así, la combinación de ambos factores le dará mayor atractivo a una jurisdicción que compite frente a otras por atraer inversión.

Para elaborar el indicador el Instituto encuesta (desde 1997) a las principales compañías que realizan labores mineras de exploración y explotación, considerando aspectos como los niveles de reservas y las políticas públicas que inciden sobre el sector (i.e. aspectos tributarios, regulación, etc.). El índice ordena a las jurisdicciones desde la más atractiva hasta la menos atractiva.

Resultados de la encuesta

En la encuesta realizada entre agosto y noviembre de 2014 y publicada el 24 de febrero de 2015, se observó que sobre la base de 485 respuestas en 122 jurisdicciones, el Perú ha escalado 7 posiciones respecto al ranking del año anterior, con lo cual pasa a ubicarse de la posición 37 a la 30.

Finlandia ocupa la primera posición en el ranking de este año, y desplazó de esa posición a la región de Western Australia, que cae a la quinta posición este año. Los primeros lugares están dominados por las principales regiones mineras de Canadá, Estados Unidos y Australia. Cabe señalar que si sólo se considerasen países, el Perú se ubicaría en la posición 11, teniendo por delante a los ya nombrados (Finlandia, Canadá, Estados Unidos y Australia), así como a Irlanda, Suecia, Chile, Argentina, Namibia y Botswana.

A nivel de la región, el Perú se ubica en la cuarta posición, por detrás de Chile (posición 13) y de las provincias de Salta y San Juan, en Argentina (puestos 17 y 24, respectivamente); mientras que el seguidor más cercano es México que ocupa el puesto 33.

En el gráfico que se muestra a continuación se presenta el ranking del Instituto Fraser de 2014 para las primeras 30 posiciones y una serie de países latinoamericanos seleccionados.

El cómputo general del ranking considera el promedio de dos índices: el de percepción de políticas con un peso de 40% y el de potencial minero basado en las mejoras prácticas con un peso de 60%. Cabe señalar que para el cómputo de este último, los encuestados califican al país sobre la base de su riqueza minera (independientemente de las políticas que en este último se apliquen).

En ambos índices el Perú mostró una mejora, aunque el ascenso en la ubicación relativa en el índice de potencial minero fue más notorio al pasar del puesto 19 al 9, mientras que la mejora de percepción de políticas permitió escalar del puesto 56 al 52. Cabe destacar que en la mejora del componente de percepción de política las empresas encuestadas consideraron que la calidad de la infraestructura, disponibilidad de recursos humanos calificados, seguridad ante ataques a la infraestructura y calidad de la información constituyen ahora factores de mayor importancia al momento de fomentar la inversión.

En la comparación del ranking de este año respecto a años anteriores (ver cuadro) se muestra también una reversión en el deterioro que se había observado hasta el 2012, en que a causa de una evaluación menos favorable para el componente de percepción de política el Perú había perdido terreno en el campo de la competitividad minera.

Espacio para que Perú mejore

El informe del Instituto Fraser señala que la brecha entre el índice general y el de potencial minero (que asume las mejores prácticas de política) representa precisamente el espacio que tiene el país para mejorar.

En la actualidad, dicha brecha para nuestro país es de 21 posiciones, destacando el amplio margen en que podríamos mejorar los aspectos regulatorios como normas ambientales, duplicidad de regulaciones, el sistema legal, el régimen tributario, incertidumbre respecto a las áreas protegidas, así como otros factores relacionados a barreras al comercio internacional, estabilidad política, calidad de los datos geológicos, disponibilidad de capital humano, etc.

El BCR señala que en el caso de Chile (el país mejor ubicado en la región), la brecha es de solamente 7 posiciones, lo que implica que el Perú se encuentra rezagado con respecto al componente de percepción de política (facilidades para la extracción del recurso). Asimismo, México ofrece un panorama similar al de Perú, aunque presenta peores índices de percepción de políticas y de potencial minero. Por su parte, Colombia sí se encuentra rezagado respecto de sus pares de la región.

Calificación de inversionistas

El siguiente cuadro muestra que para la mayoría de las 15 preguntas que contiene el índice de percepción de política del índice del Instituto Fraser, Perú obtiene una opinión menos favorable que Chile para los inversionistas, pero más benévola que Colombia.

El número del cuadro indica la diferencia entre el porcentaje de encuestados que responde que la pregunta en mención “favorece la inversión en exploración” y la suma de los porcentajes de encuestados que responden que “el factor es un fuerte impedimento a la inversión” y “no intentaría invertir en exploración debido a este factor”.

De las respuestas de los inversionistas se desprende que Chile sale con una nota sobresaliente. México está en mejor posición que Perú en 9 respuestas, mientras que Perú tiene mejor posición que Colombia en 13 respuestas.

Finalmente, el informe presenta algunos comentarios puntuales para el Perú. Estos tienen que ver principalmente con el empeoramiento de las condiciones en las áreas más remotas donde se realiza la actividad minera por causa de algunas ONGs que organizan grupos de oposición, la mayor carga a la que se ha visto sometido el sector con regalías, el impuestos a las sobre ganancias, así como la ley de consulta previa que resulta poco clara en su implementación, aunque destaca la provisión de infraestructura y la simplificación administrativa.